La diputada Pepa Luzardo aseguró ayer en el Parlamento de Canarias que el Gobierno regional tiene que hacer autocrítica y presentar sus soluciones a la situación de la pobreza, con un plan de medidas preventivas y paliativas y la financiación necesaria. A Pepa Luzardo le pidieron que defendiera esa posición en el pleno del Parlamento convocado a instancias del PP, precisamente para tratar la cuestión de la pobreza, casi al mismo tiempo que su compañera de partido, la señora Hernández Bento, minusvaloraba con cierto desparpajo los datos sobre pobreza del informe que en los últimos días han vuelto a poner el foco sobre la situación de las Islas, a la cola de España y Europa. En el informe sobre el estado de la pobreza entre 2008 y 2016, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Canarias aparece como la región española con mayor riesgo de pobreza y exclusión, con una tasa del 44,6 por ciento de la población. Unas cifras muy duras, y quizá discutibles.
Pero que Canarias es la región -o una de las regiones- con peores índices de pobreza (y muchos otros) no puede negarlo nadie, por mucho que se pueda discutir si los mecanismos de medición utilizados para determinar que casi la mitad de los canarios están en riesgo de pobreza o exclusión son los adecuados. Si se trata de establecer una comparación con las medias europeas de integración y riqueza, es obvio que los resultados serán esos, pero quizá resulte más útil valorar el impacto porcentual del riesgo en un contexto más cercano al que se examina. Dicho de otra forma, comparados con la media europea, somos muy pobres, pero si utilizamos los sistemas de medición de Naciones Unidas (que considera pobres a quienes tienen ingresos por debajo de los 46 dólares al mes), Canarias sería una región con índices de pobreza bajísimos.
Este debate recurrente sobre la forma de medir la pobreza es bastante estéril, y debería quedar saldado con las mediciones que realizan entidades del tercer sector como Cáritas o Cruz Roja, atendiendo a porcentajes sobre los ingresos medios regionales. Por desgracia, ha sido la publicación de las conclusiones del informe 2008-2016 lo que ha provocado la excitada respuesta de nuestros políticos, la convocatoria de un precipitado pleno extraordinario y la exigencia de responsabilidades. El pleno se ha centrado en repartirse las culpas: el PSOE ha acusado por partes iguales a Coalición y al PP, el PP ha acusado a Coalición, y Coalición ha acusado a los Gobiernos del PP y del PSOE, sin olvidarse de recordarnos que Podemos en este asunto no ha dicho nunca esta boca es mía. Acabado el pleno, las culpas están repartidas, pero no hay más que leves promesas de aumentar los recursos destinados al plan contra la pobreza de 2018, dotado de momento con quince ridículos millones de euros. Si de verdad fuera cierto que la mitad de los canarios están en riesgo de pobreza y exclusión, el plan permitiría destinar 15 euros por pobre potencial. De risa.
¿Habrá que esperar al próximo informe para que el asunto vuelva a preocupar en la Cámara?
Por desgracia, probablemente así sea.