Santiago Negrín informó el miércoles al Consejo Rector de la tele, en una reunión que tuvo que realizarse con carácter informal por estar de baja desde hace unas semanas su secretaria, Cristina Duce, que solicitará un nuevo informe que aclare las dudas jurídicas sobre su competencia para convocar el negociado sin publicidad para adjudicar los informativos. El pasado miércoles, Negrín consideró como mejor oferta de las dos admitidas a valoración la presentada por la actual adjudicataria, Videoreport. Antes de abrir las plicas, Negrín hizo constar su decisión de no comprometerse en una adjudicación que Videoreport y los partidos políticos de la oposición denunciaron por ilegal, hasta que los tribunales avalaran su legalidad. Lo que demuestra una de dos. O Negrín es un tipo mucho más listo de lo que se dice por ahí, o es mucho más cobarde.

En realidad, Negrín reacciona ante la postura del magistrado del Juzgado nº1 de lo Contencioso-Administrativo, que le declaró incompetente para la adjudicación del contrato por procedimiento abierto, ya declarado desierto cuando el juez lo anuló. Negrín decidió avanzar entonces con un negociado porque contaba con varios informes que avalaban esa opción, pero el día de la apertura de los sobres con las ofertas, hizo constar en acta que el procedimiento de negociado se efectuaba "ad cautelam", poniendo en conocimiento de los licitadores que solo se produciría la adjudicación del contrato tras tener confirmación judicial de su competencia para materializarla. Después Negrín abrió los sobres, desechó por defecto técnico la oferta presentada por Prisa-Prensa Ibérica, que Videoreport y sus propagandistas apuntaban como segura ganadora, puntuó las ofertas y calificó como mejor la presentada por el actual licitador.

La sorpresa fue mayúscula, pero más chocante ha sido aún lo que ha ocurrido después. Lo primero, el ruidoso silencio de quienes habían asegurado que cualquier adjudicación suponía una ilegalidad -Román Rodríguez, Asier Antona y Podemos-, y lo segundo, la retirada -solo dos días después- de la petición de medidas cautelares para impedir la adjudicación, que había presentado Videoreport. Lo que antes de ser reconocido como mejor oferta era para la empresa participada por Canarias 7 nulo, ilegal, un fraude y un escándalo, dejó inmediatamente de serlo. Videoreport retiró su petición de suspensión cautelar de los tribunales por entender que no existe causa para suspender el procedimiento. Y aquí paz y en el cielo gloria.

Es difícil saber cómo acabará esta historia surrealista y escandalosa sobre la caza y captura de 144 millones. Pero después de ríos de tinta de rotativa, inflamados editoriales, sesudos artículos de la tropa, una decena de recursos en los tribunales, bloqueos, amenazas, sospechosas venta de un voto secreto en el Parlamento y evidentes complicidades políticas para levantar la teoría de la nulidad y forzar una prórroga, la valoración como mejor oferta de la de Videoreport cambia las tornas, y Negrín se convierte de pronto en el perfecto adjudicador de contratos. Da risa.

Hay quien dice que las empresas tienen la obligación de defender sus intereses. Y así es, pero el interés fundamental de una empresa de comunicación -y Videoreport es propiedad de Canarias 7- es ante todo la credibilidad. Con esta vuelta de tuerca tan asombrosa, Canarias 7 pierde toda la credibilidad que pudiera tener. Y la pierden con ella quienes en los últimos meses han coreado los argumentos centrales de Canarias 7, llegando incluso a decir que si Negrín adjudicaba debería ser detenido por la Guardia Civil. ¿Y ahora qué van a decir? No pueden decir nada. Por eso mismo están tan callados.