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A BABOR FRANCISCO POMARES

Alba, a juicio

11/may/18 6:16 AM
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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha acordado la apertura de juicio oral contra el magistrado Salvador Alba como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, delito este último no contemplado por la Fiscalía y que fue añadido por la magistrada instructora. Los hechos por los que se imputa a Alba tienen que ver con lo ocurrido ahora hace más de dos años, concretamente con el encuentro privado que Alba solicitó y mantuvo -en su despacho de las dependencias de la Ciudad Judicial- con Miguel Ángel Ramírez, en el que -según aprecia la Fiscalía- prometió al entonces presidente de Seguridad Integral Canaria trato de favor en un proceso penal abierto contra él, a cambio de que diera información que permitiera perjudicar a Victoria Rosell, magistrada de la Audiencia de Las Palmas, en aquel entonces candidata de Podemos en las elecciones generales. Ramírez grabó todo el encuentro con Alba, y algún tiempo después entregó parte de esas grabaciones a los medios de comunicación, provocando uno de los mayores escándalos en la historia de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria.

Cuando Ramírez filtró la conversación, la percepción generalizada en los medios es que Alba pretendía acabar con la carrera de Rosell, atendiendo al deseo del entonces candidato del PP, José Manuel Soria, que había denunciado públicamente a la magistrada y adversaria electoral (ambos concurrían a las elecciones), acusándola de "haber cometido la mayor corrupción de la historia de Canarias", en la tramitación de un procedimiento contra Ramírez, porque este había alquilado una licencia de radio a la pareja de Rosell.

El auto contra Alba ha sido comunicado también al Consejo General del Poder Judicial, para que decida si inicia el procedimiento de suspensión de Alba en sus funciones. Si eso ocurriera antes de que Alba hubiera terminado de redactar la sentencia del caso Faycán (un complicado caso sobre la trama de cobro de comisiones ilegales por parte del PP y Ciuca en Telde, entre 2003 y 2006, en la que hay procesados dos exalcaldes del PP, y del que Alba es todavía ponente), se corre el peligro de que haya que repetir el juicio por el caso Faycán. Alba, que fue descargado de trabajo para que se resolviera la causa, no lo ha hecho aún.

Después de dos años, y de haber continuado ejerciendo sin problemas sus funciones como magistrado, la apertura del juicio oral coloca a Alba en una situación muy comprometida. Parece que al magistrado le ha llegado su San Martín: la Fiscalía ha pedido casi 30 años de inhabilitación, además de diez de prisión, y se le ha impuesto al juez una fianza de 85.000 euros, para atender las responsabilidades civiles que puedan derivarse del proceso, en el que se personan como acusación su colega la magistrada Rosell, además del compañero sentimental de esta y Podemos, que denunció a Alba también por delito electoral, delito provisional y parcialmente sobreseído.

A BABOR FRANCISCO POMARES