Nueva Canarias cerró un nuevo acuerdo con el Gobierno central a cambio de su apoyo a los presupuestos de 2018, que supone que el descuento a los residentes canarios en los billetes de avión y barco entre las Islas y la Península pasará del 50 al 75 por ciento, se mantendrá con carácter indefinido y se incorporará al REF. Tiene su cosa que lo mismo fuera solicitado por Coalición Canaria y por el PSOE en sus enmiendas parciales, pero en este teatro que es la política, Nueva Canarias es quien lo consigue: el Gobierno mercadea con los dineros del presupuesto según le conviene, y adjudica a quien le conviene la recompensa por su voto. Así funciona.

Para evitar los abusos de las compañías, y serenar la percepción ciudadana de que las aerolíneas adaptan las tarifas a lo que realmente paga el viajero residente, Nueva Canarias y el PP acordaron solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que controle los precios en las rutas entre Canarias y Península. La medida es un apaño (tirando a meramente declarativo, todo hay que decirlo) mientras se estudia como fijar precios máximos en las rutas subvencionadas, por la vía de declarar esas rutas obligación de servicio público. Si la propuesta de someter los precios al control de Competencia es poco operativa, lo de la obligación de servicio público resulta (a mi personal juicio) absolutamente inviable. Bruselas no aceptaría una obligación de servicio público en rutas que cuentan con más de media docena de compañías que las cubren regularmente.

Mucho más importante es que -entre otras medidas pactadas en el apoyo del diputado 176 a los presupuestos-, el PP asume que el Estado subvencionará el pago del cien por cien del transporte de mercancías entre islas, y de estas con la Península y con la Unión Europea -¡¡¡con carácter retroactivo a enero de 2016!!!-, e incluyendo el retorno vacío. Está claro que la apuesta de Nueva Canarias por reducir el coste del transporte de personas y mercancías es una apuesta segura: supone la culminación del deseo de reducir la distancia que separa a las islas entre sí y con el continente, una vieja reclamación canaria, y debe ser por tanto considerada un logro político que impulsa la cohesión social y territorial entre españoles insulares y peninsulares, contribuye al desarrollo de la economía isleña e iguala las condiciones de vida de los canarios -en materia de transporte- a la del resto de españoles.

Dos notas negativas: una es que esta subvención para las personas sea en realidad solo para algunas personas, la minoría que viaja. Canarias tiene muchos problemas, y uno de ellos es el transporte, pero el más grave es la pobreza y desigualdad que la crisis ha extendido y cronificado en las Islas. Nueva Canarias podía haberse sumado a la propuesta de subir las pensiones no contributivas. Pero Pedro Quevedo prefirió sacudirse el asunto explicando que las pensiones no contributivas no son pensiones y no toca al Estado hacerse cargo de ellas, sino a la Comunidad Autónoma. Curioso argumento. Otra nota negativa: el descuento del 75 por ciento se aplica a todas las tarifas, tanto para los que viajan repantingados en lo que antiguamente se denominaba "primera clase", como para los que no pueden permitírselo. No parece justo que el Estado destine 600 euros a abaratarle el billete a quien decide acogerse a una tarifa de 800 euros, mientras sólo dedica 90 a quien se acoge a una de 120 euros. Por cierto, con esos seiscientos euros se podría duplicar el pago mensual de las no contributivas a dos ancianos, o aumentarlo en un 25 por ciento a seis. Claro que decir eso resulta demagógico. ¿No?