Un Fernando Clavijo circunspecto y embarbado, voluntariamente instalado en el "look" de alguien con diez años más de los que tenía hace cuatro, explicó ayer a sus señorías, reunidos para escuchar sus explicaciones también voluntarias al Parlamento, que el caso Grúas se limita exclusivamente a dos dudas administrativas. Dos dudas que habrían dado lugar a una denuncia política cuyo objetivo declarado es volar a Clavijo de la presidencia del Gobierno e inhabilitarlo como candidato a repetir en el puesto. Esa es la versión del exalcalde lagunero, a la espera de que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decida si procede o no que acuda al juzgado a dar las mismas explicaciones que adelantó al Parlamento. Ayer las pudo ofrecer investido aún de la autoridad que le supone ser el presidente del Gobierno, y ante un Parlamento en el que cuenta con poco más de un tercio de los diputados para aplaudir su versión. Si finalmente resulta imputado, deberá ofrecerlas ante un Tribunal, quizá con el mismo convencimiento y seguridad que ayer, pero sin claque ni el apoyo del escudero Ruano y el socio Curbelo.

Como versión antagónica a la suya, la de la diputada podemita Noemí Santana, que se refirió a Clavijo calificándole de "presunto delincuente", porque tanto la juez de la Laguna, como el fiscal y la Audiencia Provincial creen que debe ser llamado a declarar. La diputada Santana considera que la presunta petición de investigación al presunto Clavijo por prevaricación y malversación, le inhabilitan para seguir gobernando: "si no ha declarado ya ante la Justicia es porque está usted aforado" y su comparecencia ante un tribunal debe ser decidida por el TSJC. Doña Noemí desplegó su alma de fiscal para hacer un relato apasionado y contrito de las vicisitudes clavijeñas en el ''caso Grúas''. Fue la única que se puso de verdad borde en el Parlamento, porque entre las barbas en remojo de Clavijo y la presunción de culpabilidad de Santana, el resto de los portavoces se movieron en terrenos intermedios. Se esperaba cierta dureza de Román Rodríguez, cuyo socio Santiago Pérez es el inspirador de la denuncia contra Clavijo, pero estuvo de lo más relajado, recordando por un lado la presunción de inocencia y por otro la inutilidad de la comparecencia de Clavijo previa a su posible imputación. La misma tesis sostuvo María Australia Navarro: insistió en que la comparecencia a petición propia para explicar el asunto de las gruas no procede. Para la portavoz popular, sólo sirvió para darle argumentos a Podemos. Y algo de eso hay: Clavijo le dio voz a Podemos y se la quitó a los demás. Si le imputan, ya habrá dado explicaciones en el Parlamento, y no tendrá que pasar por el calvario de darlas como imputado.

También entró al trapo Gustavo Matos, que se centró en analizar las posibilidades de una censura contra Clavijo: el PSOE no puede hacerla solo, dijo. Es cierto. Y con el PP tampoco, se calló. No quería Matos centrarse en el caso en sí, quizá para evitar que alguien le recordara que él mismo también estuvo en el origen de este asunto. Fue uno de los 27 concejales de La Laguna -de 27- que voto a favor cuando se planteó a externalización del servicio de grúas. Alguien (eufemismo) ha encontrado el acta de aquella sesión plenaria, con los 27 concejales votando a favor. "Igual pasó en Las Teresitas", se dijo ayer en el Parlamento. Sí, es verdad. Pero en Las Teresitas Santiago Pérez sólo fue el denunciante. En esta concreta parte de la historieta de las grúas también fue uno de los que votó a favor.