Un Pedro Sánchez visiblemente cabreado defendió ayer la legalidad de la enmienda incluida en el proyecto de Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género, una enmienda dirigida a sortear el veto del PP a la Ley de Estabilidad en el Senado. La legalidad o no del atajo que plantea el PSOE -utilizar una ley sobre violencia de género para sortear la Ley de Estabilidad y desatascar el aumento del gasto presupuestario de 6.000 millones de euros pactado con Pablo Iglesias- es más que discutible: el Constitucional ha vetado esa práctica de forma contundente en hasta diez ocasiones, y en 2011 dejó muy claro que las enmiendas que se presenten a un texto legal tienen que tener una "conexión material" con la ley enmendada.
En la práctica, sin embargo, este sistema torticero viene siendo utilizado por unos y por otros en el Parlamento. Su legalidad es cuestión de interpretaciones: el PSOE considera que los Presupuestos que pactó con Podemos y que no pueden siquiera discutirse sin modificar la ley de estabilidad son absolutamente necesarios para desarrollar la ley del Poder Judicial que se quiere modificar y poder sostener económicamente el pacto contra la violencia de género al que se refiere la Ley. Es un argumento capcioso: cualquier ley que requiera de recursos presupuestarios en su puesta en marcha podría entonces ser utilizada para colar enmiendas.
Pero lo que ha hecho el PSOE, al margen de su legalidad o ilegalidad -que acabará dirimiéndose en los tribunales-, es puro "filibusterismo", una práctica que consiste en utilizar el reglamento para retorcer el sentido de las leyes o el propio reglamento. Sánchez asegura que el derecho de veto que tiene el Senado sobre la Ley de Estabilidad es "anacrónico". Podía haber pensado igual que es mediopensionista o halterofílico y eso no le legitimaría para salirse con la suya. Porque una cosa es buscar atajos vía interpretación legal cuando hay consenso sobre esos atajos, y otra es utilizar una mayoría estrambótica en el Congreso para hurtar a la mayoría del PP en el Senado sus derechos y forzar que prospere el acuerdo con Podemos.
Lo peor es que vamos a ver cada vez más cómo de los rifirrafes parlamentarios de boquilla se pasa a las agresiones al reglamento: el PP acusó ayer a Sánchez de querer hacer con el Senado lo que Maduro ha hecho en Venezuela con la Asamblea. Salvando todas las distancias, que son muy muchas, con el Congreso actual y los dirigentes actuales va a ser muy difícil evitar recurrir a las trampas y las broncas: estamos instalados en la agresividad permanente y la peor de las políticas, que es la que ni siquiera reconoce la necesidad de unas reglas de juego comunes. Esa es la política que ha traído la desaparición de hombres y mujeres que piensen más en lo que le conviene a la nación que en lo que les conviene a cada uno de ellos en particular. La nueva política representada por Podemos y Rivera y la "regeneración" de los partidos tradicionales -un PSOE que pacta los asuntos de Estado con los independentistas y un PP reaznarizado en el radicalismo y la bronca- no parece que vaya a traernos la democracia de más calidad que esperábamos. De momento lo que se percibe es la pérdida del respeto entre nuestros dirigentes, la radicalización en posiciones enfrentadas, el desprecio político a cualquier acuerdo y el atasco del sistema. Luego nos rasgaremos las vestiduras cuando veamos avanzar -como ocurre ya en toda Europa- las peores formas de populismo.