De forma inesperada, el Fondo Monetario Internacional advirtió el miércoles al Gobierno español que la actualización de las pensiones de acuerdo con el aumento del coste de la vida -que es la recomendación realizada por el Pacto de Toledo al Gobierno-, es inviable si no va acompañada de otras medidas. Según el FMI, aumentar las pensiones atendiendo al IPC supondría poner en peligro la sostenibilidad financiera del sistema nacional de pensiones, y añadir un sobrecoste de entre un tres y un cuatro por ciento del Producto Interior Bruto español al desembolso por pensiones de aquí a 2050, de acuerdo a las previsiones macroeconómicas y de crecimiento demográfico. El organismo internacional que preside la francesa Christine Lagarde asegura que vincular la actualización de las pensiones a la inflación supondría un gasto estructural de tal envergadura que sólo podría ser asumido por España si se acompaña de contramedidas como retrasar la edad de jubilación, aumentar la base de cotizantes con la incorporación masiva de inmigrantes jóvenes al sistema laboral o un reforzamiento del ahorro privado.

Se trata de una pésima noticia: para la mayor parte de los afectados -los actuales pensionistas y los futuros, sobre todos los que están ya en fase de prejubilación- la medida propuesta por el Pacto de Toledo se queda incluso corta, por cuanto no resuelve la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones durante la crisis. La propuesta del Pacto de Toledo, adoptada tempestivamente después del frustrado intento de reunirse el pasado mes de septiembre, suponía un formato de compromiso, consistente en tratar a los pensionistas como a los funcionarios públicos, aplicándoles de forma automática una subida lineal equivalente al incremento del coste de la vida. Pero ocurre que los pensionistas actuales (y futuros, insisto) son tantos -algunos de ellos con pensiones muy altas) que la aplicación de una subida sin duda de justicia- colocan al Estado ante el disparadero de la bancarrota.

Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato y decir la verdad al conjunto de los ciudadanos españoles, pero la verdad es que el sistema de pensiones tendrá que soportar los próximos años un incremento de tal envergadura, que no puede ser cubierto con los recursos del propio sistema. Entre otras cosas, porque la pensión media española se acerca peligrosamente al depauperado y empobrecido salario medio español. Para que el sistema funcione, es necesario que haya más gente cotizando que cobrando pensiones y que los salarios por los que se cotiza serán más altos. Y para que eso ocurra tienen que darse dos condiciones. Una es que centenares de miles de jóvenes se incorporen al sistema laboral español y contribuyan a él con sus cotizaciones, y otra que millones de trabajadores a punto de jubilarse vean retrasada algunos años la fecha de su conversión en pensionistas.

Ninguna de esas dos opciones va a ser defendida públicamente en un programa electoral. No hay partido en España con los arrestos suficientes para decirle a los españoles, sus votantes potenciales, que la única forma de subir las pensiones es haciendo que mucha más gente -jóvenes emigrantes y gente en edad de jubilarse- esté dispuesta a trabajar más por menos, como ocurre hasta ahora. No van a hacerlo ni los populistas de derechas, ni los populistas de izquierda. Y el problema es que hoy -en mayor o menor medida- todos los partidos sea cualquiera su ideología se comportan como si fueran populistas.

Nadie se atreve a decir la verdad: que se acabó lo que se daba. Y que cuanto más tardemos en tomar las decisiones necesarias, peor será para todos. Sobre todo para los que aún no se han jubilado.