Gobierno regional y Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura exigieron el pasado viernes, tras una reunión conjunta en Arrecife con parte de los ayuntamientos de esas islas, que el Gobierno de la nación mantenga un control efectivo de las fronteras del Archipiélago, muy afectadas por el "coladero" del SIVE en Lanzarote. En la isla solo funciona uno de los cuatro instalados. El contrato de mantenimiento caducó en 2017 y no ha sido renovado. Y otros dos radares pendientes aún no han sido recepcionados, uno de ellos sigue empacado desde hace tres años en el cuartelillo de la Guardia Civil de Teguise. Lo que se solicita desde Canarias es que se resuelva esa situación, que hace que el SIVE de Lanzarote se conozca como el "NO-VE". Pero eso no va a arreglarse de un día para otro.

Por eso, Gobierno, Cabildos y ayuntamientos han pedido también que se trabaje en lo que sí puede cambiar: quieren mayor premura en las pruebas que se realizan para determinar la edad de los inmigrantes que llegan en pateras a las Islas, para establecer si se trata o no de menores. Y también volvieron a solicitar que se autorice el uso temporal del acuartelamiento Marqués de Herrera para albergar a los 150 inmigrantes menores de edad que se encuentran en Lanzarote. La ministra de Defensa, Margarita Robles, contestó sobre la marcha, el mismo día, rechazando ese uso para las instalaciones militares, alegando que "no cumplen las mínimas garantías de seguridad para el alojamiento de menores". Y para dejarlo claro, explicó por qué: "Sin ninguna duda, y como todo el mundo se puede imaginar, hay un riesgo evidente para los menores porque en los acuartelamientos hay armas y otros elementos explosivos, por lo que, evidentemente, no son el lugar idóneo para recibir a los menores no acompañados". La ministra no sabe que las instalaciones deportivas del acuartelamiento -piscina incluida- han sido utilizadas por los arrecifeños desde hace décadas.

Y ocurre así porque el acuartelamiento está desde 2003, cuando fue abandonado por el Batallón de Infantería, prácticamente sin uso, con menos de 50 militares, cuando las instalaciones permiten albergar hasta diez veces esa cantidad. Actualmente se usa como sede de una Unidad de Apoyo, cuya misión es precisamente mantener las instalaciones, y por otro, está la residencia militar, con 25 habitaciones y capacidad para 40 personas, para hospedar a militares destinados en Lanzarote o de paso por la isla. Su uso es muy escaso.

Lo que sí está previsto es que en 2019 -16 años después de ser abandonado por el Batallón de Infantería-, se instale en el acuartelamiento una unidad de Caballería, integrada por unos 250 efectivos. Ese podría ser el motivo para no ceder las instalaciones con carácter provisional, algo que choca con la posición reiterada por parte de las autoridades de Arrecife, entre ellas la alcaldesa de Arrecife, la socialista Eva de Anta, para que el cuartel pase a ser propiedad municipal: "Sería una gran oportunidad disponer de todo ese espacio para dotaciones educativas, culturales y deportivas y especialmente en una zona de confluencia de barrios cuya población y sus infraestructuras no han crecido al mismo ritmo", dijo la alcaldesa. Anta propuso, en diciembre de 2016, "valorar la posibilidad de una permuta de suelo si esta fuera la vía adecuada para acceder al uso público de los cuarteles". En el debate actual ha permanecido en silencio. No va a ser ella, por supuesto, la que le enmiende la plana a la ministra.