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A BABOR FRANCISCO POMARES

Cinco días

1/nov/18 6:33 AM
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Con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y la incorporación en su articulado -a propuesta de Ciudadanos- de la pérdida de aforamiento para los diputados canarios, el TSJC, la defensa de Clavijo en el caso Grúas y la Fiscalía han entrado en una guerra de plazos: Clavijo perderá el aforamiento desde el mismo momento en que se apruebe el Estatuto. Lo que está por ver es si lo perderá con carácter retroactivo, es decir, si perderá una condición establecida por el Estatuto anterior, para un caso que lleva dando vueltas desde demasiado tiempo por los juzgados de Canarias. Ante la posibilidad -bastante cercana- de ver al presidente juzgado por un tribunal ordinario, sus abogados han exigido que la Fiscalía del Estado devuelva el informe remitido por el fiscal Pintado, sorprendentemente retrasado tanto en su redacción como en su consulta.

Creen los letrados de Clavijo que lo que se ha producido por parte de la Fiscalía del Estado es un retraso voluntario en la respuesta, para que el pronunciamiento de la Fiscalía del TSJC (según se dice, partidario del archivo de la causa contra Clavijo) quede sin valor alguno. Si la comunicación del pronunciamiento fiscal al TSJC se retrasa más allá de la fecha de publicación del Estatuto -está previsto que se produzca esta semana o a más tardar el lunes-, el TSJC debería renunciar a intervenir en el caso, y devolver el expediente Grúas al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, donde la jueza Celia Blanco, ahora guiada por el juez Astor Landete, ha pasado por todas las fases: sobreseimiento, petición de informe al TSJC, y finalmente solicitud para que se llame a declarar como investigado a Clavijo.

Uno, que es perro viejo en estos asuntos, y que ha visto cómo una situación similar que afectaba a Adán Martín fue resuelta en un par de días por el TSJC, tiene la impresión de que aquí la historia se mueve entre el deseo de la jueza Blanco y del TSJC de pasarse una a otros (y viceversa) la pelota, y el del Ministerio Fiscal de evitar que el informe del fiscal del TSJC sobre Clavijo llegue nunca a conocerse. Pero quizá sea más fácil impedir que el informe fiscal sea utilizado por el TSJC que evitar que se sepa lo que dice.

Ante el escrito de Clavijo denunciando el retraso (que coincide con la incorporación del nuevo fiscal general, el del Gobierno del PSOE) el TSJC ha decidido dar al Ministerio Fiscal un plazo improrrogable de cinco días para que informe de una vez sobre la imputación del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Cinco días de espera que empezaron a contar ayer y que concluyen el lunes. Al final la imputación o no de Clavijo por el caso Grúas puede depender de lo que tarde el BOE en sacar el Estatuto.

¿Y de qué depende eso?

Pues la edición del BOE es responsabilidad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, que a su vez depende -en régimen de descentralización funcional- de la ministra de la Presidencia, Carmen Calvo. ¿Qué saldrá antes? el pronunciamiento de la Fiscalía o el Estatuto?

Se admiten apuestas.

A BABOR FRANCISCO POMARES