El incidente de recusación presentado por Rubens Ascanio en nombre de Unidos se Puede contra Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, está ya registrado en la Sala de lo Penal, aunque aún no ha sido admitido a trámite. Unidos se Puede es la coalición municipal que -conjuntamente con Por Tenerife-Nueva Canarias- demandó a Fernando Clavijo por el denominado caso Grúas. Unidos se Puede considera que Doreste no podría mantener la "apariencia de imparcialidad", porque tiene un "interés indirecto" en la causa, dadas sus relaciones con Coalición Canaria. Entre esas relaciones se cita específicamente que fue nombrado consejero de Industria en 1990, en el Gobierno de Lorenzo Olarte. Eso ocurrió hace 28 años, cuando Clavijo tenía aún dieciocho, Doreste era independiente, y Coalición Canaria no existía. Pero eso no es tan importante. No dejes que la verdad te estropee una buena historia. Les habría bastado con citar la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario nacionalista en 2002 para que Doreste se incorporara al Consejo Consultivo de Canarias, el organismo encargado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de las leyes que elabora el Parlamento de Canarias. Que para pertenecer al Consultivo sea necesario ser un "jurista de reconocida competencia y prestigio", como establece el artículo 44 del propio Estatuto, y ser votado -preceptivamente- por las dos terceras partes del Parlamento, no exime a Doreste, a juicio de Ascanio, de ser sospechoso de connivencia coalicionera. Tampoco el hecho de que su posterior elección como presidente de ese organismo fuera votada por la mayoría de los miembros del Consejo.

Lo que hace Unidos se Puede es precisamente establecer una recusación ''ad hominem'', cuyo objetivo es seguir interviniendo en el ''caso Grúas'' en una nueva demostración de que aquí nadie se para en prendas al politizar la Justicia cuando le conviene hacerlo. En esta ocasión, la decisión de Unidos se Puede de recusar a Doreste persigue alargar aún más la decisión sobre la imputación de Fernando Clavijo, a la espera de que se produzca la inminente publicación del Estatuto y a partir de ahí la supuesta pérdida de aforamiento de Clavijo, un asunto que traerá también cola interpretativa, y nuevos recursos judiciales. Lo cierto es que Unidos se Puede quiere lograr que el caso vuelva a la Laguna, porque la jueza de La Laguna -instada por el presidente de la Audiencia, Astor Landete- replanteó su inicial posición favorable al sobreseimiento de la causa y solicitó al TSJC la imputación de Clavijo. El TSJC ni se ha pronunciado sobre el particular, ni parece que tenga demasiado interés en hacerlo. La impresión es que prefiere devolverle a La Laguna la papa caliente que La Laguna le envió.

Mientras jueces y fiscales atienden peticiones, recusaciones y recursos, pasa el tiempo sin que el caso avance: la campaña electoral que viene va a centrarse básicamente -en La Laguna y fuera- en si su antiguo alcalde y actual presidente acude o no a las urnas sometido a una investigación procesal. Que es lo que quiere Unidos se Puede, y lo que quiere evitar Clavijo, exigiendo se conozca ya el pronunciamiento de la Fiscalía. Probablemente él esperaba ser imputado y absuelto en un breve plazo de tiempo. La pelea es alargar ese plazo al máximo, para llegar con Clavijo imputado a las elecciones, aquí a la vuelta de la esquina. La recusación del presidente del TSJC enreda aún un poco más las cosas. Que es -precisamente- lo que se pretende.