Pedro Sánchez se lució anteayer en el Senado: es verdad que anunció que el Consejo de Ministros que mañana se celebra en Barcelona -si los Comités de Defensa de la Revolución lo permiten- aprobará por fin el convenio de carreteras. Pero se aprobará con un recorte injustificado por valor de 334 millones de euros. Tanto Sánchez como Ábalos se han negado a explicar los motivos de la reducción de la cantidad acordada con el Gobierno regional.

No soy muy dado a darles demasiada importancia a estos escarceos económicos entre administraciones. Siempre me ha parecido razonable que cada cual defienda sus intereses: el Gobierno español quiere contener su gasto, y el de Canarias llevarse lo más posible. Pero es verdad que en esta ocasión el Gobierno de Canarias ya había aceptado un sajazo considerable al convenio, cercano a los mil millones, compensado por los dineros del acuerdo extrajudicial entre Canarias y el Estado sobre el pago de los fondos hurtados a las Islas entre 2012 y 2016, y que sucesivas sentencias del Supremo han exigido al Ejecutivo central que devuelva.

Digo que siempre les he quitado hierro a las polémicas entre administraciones: de hecho no creo que Sánchez trate de ningunear o maltratar a los canarios, creo que trata de ahorrarse pagar una factura. El Gobierno regional y los ayuntamientos han logrado cumplir con sus compromisos de gasto, reducir su déficit y acortar la deuda, mientras el Gobierno de España galopa desaforadamente hacia la metástasis de su propio endeudamiento, que ya supera con creces el PIB nacional. Comprendo que Sánchez y Ábalos quieran ahorrarse los cuartos, que incluso piensen que el Gobierno regional está en mejores condiciones para afrontar inversiones de lo que lo está el propio Gobierno de la nación. Entendería un debate sobre esa base, aunque creo que el Gobierno regional ya ha cedido en mil millones que le correspondían a Canarias, y eso es mucho dinero.

En cualquier caso, lo que me parece evidente es que sobra la chulería. La chulería acaba por encabritar a la gente y suele tener consecuencias irreversibles: la respuesta de Sánchez al senador herreño Pablo Rodríguez Cejas, que le recriminó por incumplir sus compromisos con Canarias, fue bastante chula. "Si a usted 1.800 millones de euros le parecen poca cosa? ¿qué le voy a hacer?", le dijo, antes de afirmar con desparpajo que a los canarios todo nos parece poca cosa y que él ya ha cumplido con la promesa de firmar antes de fin de año los convenios contemplados en los presupuestos de 2018. La misma argumentación de Ábalos, que en tono también chulesco dijo que "si el Gobierno de Canarias quiere firmar el sábado, puede hacerlo", para asegurar que si no se produce esa firma, él ya considera su compromiso zanjado. Son argumentos tramposos: un convenio no es un decreto. Es fruto de un acuerdo entre dos partes. Si una de ellas rebaja en un 16 por ciento el montante prefijado por negociación, no es de recibo esperar que la otra parte firme sí o sí.

A veces es más importante el fuero que el huevo: el Gobierno regional, feliz por aprobar sus propios y vitaminados presupuestos, ya ha dicho que firmará el sábado, mientras se lame las heridas por el dinero que se ha volatilizado, como el del plan contra la pobreza del REF. Yo creo que Canarias debería volver a la vía judicial para exigir el pago de los recursos no abonados, y plantar cara a los incumplimientos y chulerías de Sánchez y Ábalos. La urgencia por disponer del dinero de carreteras es enorme, y la necesidad de encajar lo que llega en el techo de gasto también cuenta. Pero a veces hay que plantarse y explicarle a la gente por qué te plantas. Y yo creo que esta es una de esas ocasiones.