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Los procesos contra Hugo Chávez renacen con el final de las vacaciones judiciales

Aunque la independencia de los poderes públicos está consagrada por la Constitución, en la práctica no han podido sustraerse a la influencia de la política, tanto en la selección de los magistrados como en decisiones que pueden ser determinantes para la gobernabilidad del país.

18/sep/02 6:02 AM
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Las críticas presidenciales

El presidente venezolano Hugo Chávez ha criticado reiteradamente a los magistrados de su país que exculparon a los oficiales golpistas y ha sembrado dudas sobre su respuesta a una decisión adversa del Tribunal Supremo en las querellas pendientes. Es más el máximo mandatario venezolano manifestó que acatar la sentencia que liberó de culpa a los militares fue como "tragarse un pescado con espinas" y advirtió de que "el pueblo" no sería indiferente a un veredicto que tratase de derrocarlo por la vía judicial. Hay que resaltar que de los otros casos que Chávez tiene pendientes en el Supremo, uno está relacionado con la financiación ilegal de los "círculos bolivarianos", afectos al régimen, y tres a la desviación de recursos presupuestarios sin la autorización del legislativo. Para finalizar hay que significar que también hay otros dos referidos a violaciones de derechos humanos, dos a financiación ilegal de las campañas presidenciales, uno sobre uso indebido del uniforme militar, otro por el contrato petrolero con Cuba y uno por amenazas a magistrados del Supremo.

EFE, Caracas

El fin de las vacaciones judiciales venezolanas vuelve a colocar esta semana en primer plano las denuncias presentadas en el Tribunal Supremo contra el presidente Hugo Chávez con el propósito de quitarle el poder por la vía judicial.

Las posibilidades de alcanzar ese objetivo, que parecían remotas, aumentaron a mediados de agosto pasado, cuando el Supremo decidió, contra la opinión del Gobierno, que cuatro altos oficiales que participaron el golpe de Estado de abril no incurrieron en el delito de rebelión.

La sentencia, aprobada por once votos a favor y ocho abstenciones, reveló que por primera vez los sectores que rechazan a Chávez eran mayoría en el máximo tribunal.

Representantes de la oposición señalaron que el momento es propicio para tratar de acelerar los procesos contra el gobernante para aprovechar esa correlación de fuerzas favorable a sus intereses.

La urgencia se ve acrecentada por la próxima discusión en la Asamblea Nacional de una nueva ley que obligaría a renovar la composición del Supremo, compuesto por 20 magistrados.

La misión mediadora de la OEA, la ONU y el Centro Carter, que visitó Venezuela la semana pasada, consideró de "imperiosa necesidad" legitimar al Tribunal Supremo.

Aunque hace un mes las crisis internas en el oficialismo le habían hecho perder la mayoría en el Supremo, la situación podría haber variado desde entonces.

El diario "El Universal" señala que los sectores pro gubernamentales habrían aprovechado las vacaciones para maniobrar y "reducir el grupo de 10 que estarían dispuestos a sentenciar contra el presidente".

Aunque la independencia de los poderes públicos está consagrada por la Constitución, en la práctica no han podido sustraerse a la influencia de la política, tanto en la selección de los magistrados como en decisiones que pueden ser determinantes para la gobernabilidad del país.

El efecto de las vacaciones en las tendencias que luchan por imponerse dentro del Supremo se revelará en los próximos días, cuando se conozcan las primeras actuaciones de los jueces en torno a alguno de los 11 casos introducidos contra Chávez.

El más controvertido conlleva una maniobra legal que permitiría abrir un proceso al presidente, al vicepresidente José Vicente Rangel y al Fiscal General Isaías Rodríguez, responsabilizándoles de las 18 muertes que precedieron al golpe de Estado de abril.

Los esfuerzos del oficialismo estarían dirigidos a conducir ese caso hacia salas del Supremo como la Constitucional, donde tendría mayoría, y abortar la maniobra de la oposición para enjuiciar a Chávez con una ponencia elaborada por alguno de los magistrados que controla.

En los otros 10 casos no cabe este mecanismo y su desarrollo estará supeditado a que el Supremo establezca previamente, en base a las pruebas que aporte la Fiscalía, si hay elementos delictivos que justifiquen la apertura de un juicio.