Los Gobiernos de España y Venezuela han comenzado a revisar conjuntamente más de un centenar de casos de ciudadanos hispano-venezolanos que han sufrido expropiaciones o invasiones de sus propiedades en el país bolivariano y aún no han sido compensados, informó una portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El 13 de agosto tuvo lugar en Caracas una reunión entre las autoridades venezolanas, el embajador de España en Caracas, Dámaso de Lario, y el cónsul general de España en Caracas, José María Matres, tal y como se acordó durante la visita que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, realizó a Venezuela a finales de julio.
Con motivo de ese viaje, los dos Gobiernos firmaron un acuerdo por el que creaban una comisión que se reuniría cada 15 días para ir analizando los casos pendientes. 88 de ellos tienen que ver con expropiaciones o invasiones de fincas rurales, mientras que otros 23 se refieren a propiedades urbanas e industriales, según datos de Exteriores, que cifra en otros 50 el número de dosieres resueltos al haber recibido los afectados una compensación.
En esta primera reunión, el Instituto Nacional de Tierras -que sólo se ocupa de las expropiaciones o invasiones de fincas rurales- proporcionó "información sobre algunos casos pendientes en sus diferentes estadios", indicó la portavoz, que avanzó que la próxima reunión tendrá lugar "en septiembre".
Algunos de los afectados recibieron con escepticismo el anuncio de la creación de esta comisión durante la visita de Moratinos, a quien agradecieron no obstante sus gestiones. Uno de sus portavoces, el empresario Antonio Ruiz Zapata, reclamó al ministro que en la comisión estén presentes representantes de los afectados cuando se evalúe el valor de las tierras expropiados u ocupados.