Una de las asociaciones empresariales de Venezuela, Fedecámaras, criticó ayer las expropiaciones decretadas por el Gobierno, como la de la empresa alimentaria Monaca, porque "ponen en riesgo el desarrollo económico" del país.
En un comunicado difundido ayer, Lope Mendoza, presidente encargado de Fedecámaras, subrayó que las empresas nacionalizadas "no muestran ningún resultado eficiente una vez que pasan a manos del Estado".
Por ello, urgió al Gobierno de Chávez a "ocuparse de dar soluciones a los graves problemas que enfrenta la población como inseguridad, desmejoramiento de los servicios básicos e inflación".
Asimismo, Fedecámaras lamentó que "ningún sector de la economía" haya quedado exento "de las arbitrariedades gubernamentales y su empeño en convertirse en monopolizador de la economía, fomentando burocracia, pérdida de recursos e ineficiencia".
Fedecámaras se suma así a otra gran patronal, Conindustria, que el viernes alertó sobre el "proceso de deterioro" que exhiben las empresas "tomadas" por el Gobierno.
Por su parte, Chávez afirmó el domingo que la expropiación de Monaca tiene como objetivo acabar con la "especulación" con los precios y el "acaparamiento" de alimentos en el país.
El Gobierno decretó la semana pasada la expropiación de la firma Sociedad Mercantil Molinos Nacionales (Monaca), con participación mayoritaria del grupo mexicano Gruma, para la "consolidación de la capacidad de procesamiento socialista agroindustrial para la Venezuela del siglo XXI".
Monaca produce harina de trigo y de maíz, pasta de arroz, aceite y avena, entre otros alimentos básicos, varios de ellos con precios regulados por el Estado.
El Ejecutivo ha expropiado en los últimos meses diversas empresas alimenticias, tras acusarlas de acaparar productos y especular con los precios, que han pasado a ser gestionadas dentro de modelos de producción socialista en el marco de un plan nacional para alcanzar la "soberanía alimentaria".
Gruma, uno de los mayores productores mundiales de tortillas de maíz, afirmó recientemente que iniciará proceso de negociación con Caracas para "definir el alcance de los activos expropiados, el precio y la forma de pago".