Una organización humanitaria venezolana alertó ayer sobre el "estancamiento" en la lucha contra la pobreza en el país, y una creciente "criminalización" de la protesta por parte de las autoridades gubernamentales.
En su informe anual, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) señala que entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, "se constató una desaceleración de la lucha contra la pobreza" así como "el estancamiento de varias misiones (o programas) sociales" gubernamentales.
De hecho, según el director de la Organización No Gubernamental (ONG), Marino Alvarado, el índice de pobreza empeoró en 14 estados del país.
Según el Instituto Nacional de Estadística venezolano, en noviembre pasado la pobreza se ubicaba en 26,8% y la indigencia en un 7,1%, menores al 70% y 24% que, respectivamente, registraron esos indicadores en 1996 el primero, y 1990, el segundo.
El estudio de la ONG, el vigésimo segundo que publica, también destaca que la presunta "ineficacia estructural en la gestión pública a distintos niveles" ha generado "un creciente descontento de la población que aumentó notablemente el número de protestas".
Según el documento, entre octubre de 2009 y el pasado septiembre se registraron unas "2.591 manifestaciones por derechos económicos, sociales y culturales".
En respuesta, el Estado "ha criminalizado la protesta, se han restringido libertades democráticas y se ha usado el Sistema de Administración de Justicia para intimidar y sancionar el legítimo derecho a exigir derechos", denunció Provea. En esta línea, durante el período de estudio, la ONG señala que no "se constataron avances significativos en la garantía de la preservación de la vida".