El fracaso de un acuerdo con delegados del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela llevó a la familia Solórzano, de origen español, a su segunda huelga de hambre, que iniciaron el pasado 16 de diciembre, indicó ayer uno de sus integrantes.
"Hubo una propuesta del INTI y estuvimos a punto de levantar la huelga, pero tenemos entendido que el ministro no la aprobó porque dicen que no tienen recursos", dijo Carlos Solórzano, portavoz de la familia al canal privado Globovisión.
La huelga de hambre se retomó después de que el INTI no cumpliera con el acuerdo firmado en octubre, tras la primera huelga, para el pago en treinta días de la indemnización por la expropiación, en 2005, de la finca La Vaca.
"No podemos esperar más porque tenemos compromisos y estamos exigiendo lo que es justo", señaló Carlos Solórzano, aunque comentó que el INTI les habría indicado que el pago de la deuda podría hacerse en enero.
Solórzano, que al igual que el resto de la familia tiene doble nacionalidad, venezolana y española, agregó que con sus declaraciones no quería "descalificar" a nadie y ratificó que sólo se trata de que "se haga justicia".
Carlos y su hermano Luis se declararon en huelga en octubre para reclamar el pago "inmediato" de los 10 millones de bolívares (unos 2,5 millones de dólares) que el Gobierno del presidente Hugo Chávez les prometió en agosto de 2008 por las tierras que se les expropiaron tres años antes.
Tras nueve días en ayunas y ante la presencia del cónsul español en Caracas, Aníbal Jiménez, los agricultores hispano-venezolanos firmaron un acuerdo con miembros del INTI en el que éstos se comprometieron a pagarles su indemnización en un lapso máximo de 30 días. Al no concretarse el compromiso, los Solórzano decidieron volver a la huelga y reconocen que "el consulado español nos ha apoyado hasta donde puede".
Solórzano explicó que el grupo familiar en huelga se encuentra bien, "tomando permanentemente líquido y sales minerales para evitar la deshidratación" y confirmó que están siendo supervisados hasta dos veces al día por personal sanitario. "Lo que pasa es que las fuerzas empiezan a decaer, pero la intención es la misma y lo que queremos es una solución cuando antes porque en este tiempo de estar en familia y celebrando es muy duro hacer este sacrificio", añadió el huelguista.
La finca La Vaca, propiedad de los nueve hermanos Solórzano y expropiada por el Gobierno, tenía 33.000 hectáreas situadas en la ciudad de Calabozo, en el centro del país. De ella dependían 120 personas directa e indirectamente y se cultivaban frutas, arroz y maíz, además de que se criaba ganado, cerdos, pollos y peces.
La toma de La Vaca es parte de la política oficial para "recuperar" terrenos que el Gobierno considera de "utilidad pública".