Propietarios rurales del noroeste y centro oeste venezolano exigieron hoy al presidente del país, Hugo Chávez, el fin de la "militarización" de la zona y de la expropiación de fincas, que abarcó más de 20.000 hectáreas, aplicada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Se trata de los dueños de haciendas situadas al sur del Lago de Maracaibo, integrantes de la Asociación de Ganaderos de Colón (Aganaco), que demandaron "que se levante inmediatamente el estado de excepción no declarado legalmente" en la región desde que el INTI ordenó en diciembre pasado la expropiación de 47 fincas, luego reducida parcialmente.

Tales decisiones gubernamentales, dice un comunicado de Aganaco, "no toman en consideración el esfuerzo de tantas generaciones dedicadas al trabajo duro y productivo" y están "destruyendo la actividad productiva de esta subregión y la tranquilidad de centenares de familias".

Los productores "pedimos respeto al pueblo del sur del Lago o haremos que nos respeten. Presidente, no juegue usted con la vida de los venezolanos. Nuestra conducta es cívica y somos pacíficos, pero no somos sumisos ni cobardes", advierten.

Aganaco no alude a la suerte de su presidente, Carlos Benavides, a quien el Gobierno acusa de participar en el incendio provocado de la sede del INTI el pasado 8 de enero y que tilda de "acto terrorista".

El ministro del Interior, Tarek El Aissami, anunció la semana pasada la detención de nueve personas y la "plena identificación" de otros cuatro "prófugos", todos dirigentes de base del partido Un Nuevo Tiempo (UNT, socialdemócrata) en Zulia (noroeste), por presunta participación en el incendio.

Ese partido está liderado por el ex candidato presidencial Manuel Rosales, actualmente exiliado en Perú, y entre los "prófugos" el ministro El Aissami citó expresamente a Benavides.

Pero dos días después del incendio, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, a cuyo cargo se encuentra el INTI, dio marcha atrás parcialmente a las expropiaciones y renunció a 16 de las 47 fincas.

"Comprobamos que son fundos de pequeños productores en los que las personas estaban en sus puestos de trabajo. No había explotación hacia ningún ser humano y se comprobó que la era la única propiedad que poseía el dueño", dijo el ministro.

En otras 27 de las 47 propiedades inicialmente expropiadas, que involucran 21.000 de un total de 24.000 hectáreas afectadas, se verificaron, según Loyo, "condiciones laborales terribles, con violación a los derechos humanos y a la Ley del Trabajo".

Hoy, Aganaco sostiene que es el Gobierno el que se vale de "procedimientos que son claramente violatorios de la Constitución" y solicita al presidente "firmemente que rectifique y elimine las medidas de expropiación de las 47 fincas productivas intervenidas".

Hoy, la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció que el Gobierno firmó un acuerdo con Rusia para dedicar 20.000 hectáreas del sur del Lago a la producción de banano con el fin de atender al mercado moscovita.

"Que el Gobierno de Chávez lo desmienta, que desmienta a la agencia estatal rusa de noticias Novosti si lo que estamos señalando es falso. Novosti acaba de anunciar que, efectivamente, hay un acuerdo del Gobierno venezolano para entregar 20.000 hectáreas al sur del Lago de Maracaibo", remarcó el diputado Andrés Velázquez, de la MUD, en una rueda de prensa.

El pasado día 10, el ex dirigente ganadero Nexon Villalobos, a quien se le expropiaron 600 de las 1.600 hectáreas de una hacienda en 2004, dijo que el Gobierno no pagó entonces por las expropiaciones y tampoco "pagarán ahora".

En declaraciones a Efe, Villalobos sostuvo que el incendio en la sede del INTI fue provocado por "el propio Gobierno (...) para hacer desaparecer documentos sobre los propietarios legítimos de las tierras".