Un total de 65 sindicalistas fueron asesinados en Venezuela entre los meses de enero y septiembre de este año, siendo el sector construcción el que más bajas ha sufrido, según revela un informe difundido ayer por dos organizaciones no gubernamentales.

"En este período se registraron 65 asesinatos de sindicalistas", tal y como refleja el documento elaborado conjuntamente por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Conflictove.org.ve.

En esta línea, advierte de un "incremento de los conflictos laborales, que representan el 40% de la conflictividad venezolana".

Anzoátegui

Del mismo modo, señala que 85% de los asesinados pertenecía al sector construcción, mientras que el estado más violento fue Anzoátegui (este), donde trabajaban 17 de las víctimas.

"Continúa existiendo un alto grado de impunidad en todo lo relacionado con la violencia sindical. No observamos avances en las investigaciones de los crímenes ni voluntad del Estado y de las partes involucradas en eliminar las causas", agrega el informe.

Las ONG subrayan que "entre las primeras razones de la violencia sindical figura la venta de cupos de empleo" y aseguran que esta causa ya ha sido citada en informes realizados por la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Archidiócesis de Caracas y el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess).

Judicialización

Ya en octubre del ejercicio pasado, el director general del Programa Venezolano de Educación (Provea), Marino Alvarado, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que describió como la "judicialización de la libertad sindical" o el establecimiento de juicios penales contra sindicalistas.

Según Alvarado, 120 sindicalistas habían sido sometidos a algún proceso judicial en el transcurso de los primeros nueve meses del año en Venezuela, mientras que en el cómputo de los últimos cinco años, la cantidad de sindicalistas o trabajadores asociados con los sindicatos que han sido asesinados en el país asciende hasta los 273, en la mayoría de los casos por "conflictos intersindicales".

Alvarado denunció entonces el alto índice de impunidad, ya que "menos del cinco por ciento de los casos habían sido investigados" o castigados.