Los seis juzgados de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria celebrarán mañana las vistas para decidir sobre la expulsión o no de trece de los inmigrantes marroquíes que viajaban en la patera que naufragó el pasado mes de diciembre en Lanzarote.
Así lo informó ayer a Efe Jorge Melián, uno de los dos letrados de oficio designado para representar a los inmigrantes, quien considera fundamental su permanencia en España hasta que concluya la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife sobre el naufragio que se produjo tras chocar contra la patera la patrullera de la Guardia Civil que acudió en su auxilio.
Melián entiende que se deben aplicar medidas cautelarísimas que suspendan la expulsión inmediata acordada por la Delegación del Gobierno en Canarias, aunque reconoce que no cree que se produzca, visto el precedente establecido la semana pasada, cuando el Juzgado de lo Contencioso número 3 avaló la expulsión de dos de los ocupantes de la patera.
Este letrado, que lamenta la "poca sensibilidad" que percibe, considera fundamental que "todos" los inmigrantes supervivientes del naufragio puedan prestar declaración sobre lo ocurrido, pues hasta el momento solo se ha tomado declaración a dos o tres para la imputación de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la inmigración ilegal y el tráfico de personas.
Melián entiende que, en los hechos ocurridos, existe responsabilidad patrimonial por parte del Estado, porque hay un muerto, desaparecidos y varios inmigrantes lesionados, que "son hechos objetivos, porque ha habido un accidente, pese a que la Fiscalía se empeña en calificarlo de incidente". El viernes, tanto él como el otro abogado de oficio designado, Carlos Conesa, solicitaron presentarse en la causa.