Las medidas de ajuste aprobadas la pasada semana por el Consejo de Ministros pueden restar este año 180 millones de euros a la educación en Canarias, algo que el consejero regional del área, José Miguel Pérez, aseguró ayer que tratará de evitar.
La aplicación literal del nuevo paquete de recortes remitido por el Gobierno central a Bruselas puede traducirse, advirtió el consejero, en el despido de más de 1.600 profesores interinos y en el incremento "salvaje" de la masificación de las aulas y de las matrículas universitarias.
El también vicepresidente del Ejecutivo autónomo recordó que el Gobierno del PP calcula que las nuevas medidas -creación de impuestos y recorte del gasto en diversas áreas- reportarán un ahorro de 3.000 millones este mismo año y advirtió de que "una lectura detallada" permite deducir que serán las comunidades autónomas quienes carguen con la mayor parte del ajuste o, como en el caso de las Islas, se vean obligadas a "sortear el sudoku financiero de Rajoy" para mantener los servicios públicos.
Hasta el momento, alegó Pérez, Canarias ha logrado amortiguar los efectos de los recortes impuestos por el Estado y mantener el nivel de empleo. Frente a "quienes responsabilizan solo al Gobierno canario del impacto de los ajustes", el consejero recordó que la plantilla de docentes cuenta con 21 trabajadores más que en 2012.
La reducción de la plantilla de profesorado con la no renovación de los interinos repercutiría, asimismo, en el aumento del número de alumnos por clase y en el incremento del horario lectivo de los docentes.
En el ámbito universitario, el ahorro superaría los 90 millones y tendría que pasar por "la aproximación de los precios a los costes del servicio en universidades" -es decir, un nuevo encarecimiento de las tasas de matrícula-, la "racionalización del número de titulaciones" -desaparición de las que tienen pocos alumnos-, la "incorporación del principio de estabilidad presupuestaria a las universidades" y la limitación -aún más- de la contratación de nuevos profesores.
El consejero destacó que en un horizonte de tal incertidumbre como el que ha fijado el Gobierno, que ha asegurado a Bruselas que volverá a acometer ajustes si en septiembre detecta que no se cumplen los objetivos de déficit, Canarias mantiene su decisión de no aplicar "esa hoja de ruta".
Pérez manifestó que "mientras Canarias pueda, estas políticas no se predicarán con la misma extensión que pretende el Gobierno" de Mariano Rajoy, si bien recordó que hay normativa básica que es de obligado cumplimiento.
"Habría que ser muy visionario para conocer el horizonte en el que nos movemos", ya que lo marcará el Gobierno en septiembre, dijo Pérez, quien considera que el Ejecutivo español "busca salir de los apuros masacrando los servicios esenciales que gestionan las comunidades autónomas".