La lucha sindical contra la convocatoria de oposiciones a la enseñanza en Canarias ya ha llegado a los tribunales. El STEC confirmó ayer que ha presentado un recurso contra el decreto que recoge la oferta de empleo público docente y contra la orden que convoca las pruebas.

El proceso judicial terminará, con toda seguridad, cuando los exámenes ya se hayan celebrado, las plazas tengan dueño y las listas de empleo hayan sido reordenadas, por lo que el efecto de una sentencia favorable a los intereses del sindicato -que son los de la mayoría del profesorado interino- puede tener un impacto revolucionario y crear más perjuicios de los que pretende resolver.

El STEC es consciente de ello, pero advierte de que la responsable de esta situación es la Consejería de Educación, a la que han trasladado reiteradamente que la convocatoria es inconveniente y, probablemente, irregular. "La responsabilidad será de la Administración y es ella la que debe dar una respuesta", remarcó Gerardo Rodríguez, portavoz de la organización sindical.

Los argumentos con los que el STEC ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) son tres: la convocatoria de oposiciones vulnera la negociación colectiva ("no ha habido negociación, solo información", dijo Rodríguez); infringe la ley de Función Pública, que establece que se ha de publicar en el primer trimestre del año, y genera "inseguridad jurídica manifiesta", derivada de la situación del decreto que regula la ordenación en listas, anulado por el propio TSJC en una sentencia que el Gobierno autónomo ha recurrido ante el Supremo.

La decisión de convocar 123 plazas en el cuerpo de maestros -en las especialidades de Inglés, Francés y Audición y Lenguaje- ha sido muy criticada por todos los sindicatos del sector en las Islas, que temen la salida del sistema de cientos de trabajadores con años de servicio, a los que, a su juicio, perjudica el decreto de ordenación de las listas de interinos.

Las formas empleadas por la Consejería han despertado también agrias protestas de las organizaciones sindicales, que recuerdan que, hasta ya comenzado este año, la Administración les había transmitido que en 2013 no habría oferta de empleo público. "Ha sido un engaño. Los docentes no están preparados", denunció Rodríguez.

Otras organizaciones también han impugnado la oferta de empleo -aunque no la orden de convocatoria, al menos por el momento-, caso de la federación de enseñanza de CCOO, cuyo secretario general, José Ramón Barroso, también coincidía ayer en que la inseguridad jurídica que rodea el proceso puede provocar que este "se venga abajo" tras una sentencia. "Pero se lo advertimos antes de que lo hicieran y aun así lo han hecho", precisó.

ARGUMENTOS

Sin negociación. A juicio del STEC, la decisión del Gobierno vulnera la negociación colectiva al haberse tomado sin diálogo. Extemporaneidad. El sindicato recuerda que la ley obliga a publicar la oferta de empleo en el primer trimestre del año. Inseguridad jurídica. La incertidumbre que rodea al decreto de listas -anulado por el TSJC- desaconseja la medida, según el STEC.