Representantes de la Plataforma por la Dignidad y el Movimiento por el Frente Amplio presentaron ayer en el Parlamento de Canarias y la Consejería de Educación sus propuestas para ejercer un mayor control sobre la enseñanza concertada, un modelo educativo que, a su juicio, disfruta de un trato de favor por parte de las administraciones públicas.
El colectivo, autor de un informe sobre la situación de la educación concertada en las Islas, demanda que se establezcan planes y programas de información que aseguren que los padres que escolaricen a sus hijos en estos centros "sepan con claridad al inicio de cada curso cuáles son sus derechos, especialmente el que los protege ante intentos de cobrar de manera forzosa la cuota voluntaria (u otros conceptos) o a ser discriminados o invitados a marcharse por no pagarla".
También piden que "se fiscalicen de manera rigurosa los sobrecostes que muchos colegios concertados incluyen en servicios escolares y actividades extraescolares para obtener más beneficios", así como los procedimientos de admisión de alumnos.
Estas asociaciones mostraron su sorpresa por la amplia presencia policial dispuesta en el Parlamento para su visita.