El Gobierno de Canarias ha gestionado un alquiler social a 280 familias entre marzo y mayo en viviendas que originalmente fueron construidas por la empresa pública Visocan para la venta, informó hoy la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en un comunicado.
Las viviendas se han ofrecido a familias con escasos recursos ante la imposibilidad de acceder a la compra y además se han entregado a lo largo de este año a familias con circunstancias sociales y económicas muy graves 34 viviendas recuperadas por el sistema de adjudicación directa.
De las 280 viviendas ofrecidas en alquiler hasta el 31 de mayo, 153 han sido alquiladas o reservadas a familias en Tenerife, 70 en Gran Canaria, 29 en Lanzarote y 28 en La Palma.
La Consejería ha explicado que originariamente estas viviendas fueron calificadas como protegidas en régimen especial de venta, pero se han pasado al programa de alquiler ante la imposibilidad de adquirirlas.
Para acceder a estas viviendas en régimen de alquiler social, las familias deben estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida como demandantes de vivienda privada en régimen de alquiler y deben dirigirse a cualquiera de las oficinas de la empresa pública Visocan.
En cuanto a las 34 viviendas entregadas en 2013 a familias en extrema necesidad a través del Instituto Canario de la Vivienda, la Consejería indica que fueron recuperadas por el sistema de adjudicación directa en el marco de la Estrategia Canaria frente a la Pobreza.
Se trata de viviendas que los adjudicatarios iniciales dejaron por diferentes motivos y que el Gobierno recupera y rehabilita para entregar por el sistema de adjudicación directa a familias con muy escasos ingresos y dificultades añadidas, ha señalado la consejera Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas.
La modificación de la ley de vivienda de Canarias en la que trabaja la Consejería ampliará las competencias del Gobierno de Canarias a la vivienda que se construye en el mercado libre y permitirá intervenir para movilizar casas vacías y evitar más desahucios de familias en situación de emergencia social, ha apuntado Inés Rojas.