El Gobierno canario estudia medidas que eviten a enfermos con patologías graves, como el cáncer, tener que abonar parte de sus fármacos de dispensación hospitalaria ante la iniciativa estatal de copago de medicamentos, según ha indicado hoy su consejera de Sanidad, Brígida Mendoza.

La consejera ha anunciado esos propósitos ante la proximidad de la fecha de entrada en vigor del real decreto por el que el Gobierno central ha fijado un listado de medicamentos que los pacientes deberán costearse en parte, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, y tras recalcar, en primer lugar, que como responsable autonómica de Sanidad, está "en contra de cualquier tipo de copago".

"El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España lo definió como una medida de ahorro y de efecto disuasorio, pero yo, como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, no creo que debamos disuadir a ningún paciente de realizar y cumplir su tratamiento", en la medida en que "es algo que prescribe un tercero, un médico, porque lo entiende necesario", ha argumentado.

Mendoza ha subrayado, además, que los perjuicios para el paciente de esta iniciativa, que ha dicho cuestionar en cualquier caso porque hace menos accesibles los medicamentos a cualquier ciudadano al encarecer sus costes para el público, son aún más cuestionables en tanto que con esta medida "se obliga al copago en un importante número de medicamentos de dispensación hospitalaria".

Se trata de medicamentos que utilizan, según ha asegurado, "pacientes que tienen insuficiencia renal, trastornos hepáticos, cáncer y otra serie de enfermedades en las que, evidentemente, en absoluto se puede disuadir de tomarse los medicamentos, porque son patologías en las que dependen de tomar ese tratamiento para mantener su vida con calidad y mejorar de sus enfermedades".

"Son enfermedades crónicas, son enfermedades de gravedad, que pueden comprometer la vida", ha insistido la consejera.

Por todo ello, ha afirmado que, si bien su departamento tendrá que acatar las disposiciones que emanan del real decreto que establece el copago, porque es una norma "de obligado cumplimiento" y no hacerlo supondría "caer en figuras de ilegalidad", se está "estudiando el impacto que tiene sobre esos pacientes y qué medidas se podrían tomar para que no haya ese impacto".

"Entiendo que las personas que están beneficiándose de esa medicación son pacientes a los que, bajo ningún concepto, se les puede gravar más", ha sostenido la consejera que, ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras presentar en rueda de prensa las obras adjudicadas para acabar la construcción del centro de salud de Casa Aguilar, en el municipio grancanario de Guía.