El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Canarias contra la ley de tasas judiciales, anunció hoy el consejero autonómico de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.
El consejero, que inauguró el VIII Encuentro de Jueces Canarios, afirmó que se trata de "una buena noticia", porque la ley de tasas "afecta directamente a la tutela judicial y consagra una justicia para ricos y otra para pobres".
Hernández Spínola denunció que el Gobierno central está aprobando leyes sobre la justicia con el apoyo únicamente de un partido, el PP, y eso "no es bueno para la justicia", ámbito en el que hay que buscar acuerdos entre todas las fuerzas políticas porque es un asunto de Estado.
El consejero también mostró su oposición a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, porque "perturba la independencia judicial".
De nuevo, este cambio "no cuenta con el respaldo de ningún grupo parlamentario en el Congreso, excepto el PP", y además a él se oponen "la mayoría de jueces y magistrados".
El Ministerio de Justicia también contará con la oposición "radical" del Gobierno de Canarias en la ley de demarcación de la planta judicial, porque "ignora la realidad de Canarias, ignora que somos islas", dijo Hernández Spínola.
Para el consejero, esa ley establece un marco de actuación provincial que centraliza en las capitales de provincia las actuaciones jurisdiccionales, lo cual es "un craso error".
Demandó que en esta reforma se respete la singularidad insular canaria, de modo que se mantengan los partidos judiciales.
Francisco Hernández Spínola precisó que no defiende mantener la situación actual, porque "sin duda hay que modernizar y reformar" la demarcación judicial, "pero no en los términos en que se ha planteado de centralización en las capitales de provincia".
En cuanto a la lucha contra la corrupción, el consejero consideró que es necesario dotar a los juzgados de más medios materiales, y en lo que es su competencia el Gobierno de Canarias está reforzando los juzgados con más carga de trabajo.
Destacó que se ha atendido la petición de refuerzo de funcionarios en Lanzarote, donde se tramita el caso Unión, y también los juzgados penales de Santa Cruz de Tenerife para agilizar los denominados juicios rápidos, que están tardando catorce meses en celebrarse.
Hernández Spínola aclaró que los refuerzos que puede atender el Gobierno de Canarias son los funcionarios auxiliares, de tramitación y gestión, ya que los jueces, fiscales y secretarios judiciales dependen del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.
