La Administración de Justicia vive años y meses convulsos con unas reformas de gran trascendencia para los ciudadanos. El Ministerio de Justicia plantea una propuesta legislativa que, si se lleva a cabo, cambiará radicalmente la demarcación judicial como la conocemos actualmente. La iniciativa consiste en suprimir los diferentes partidos judiciales (en Tenerife, Arona, Granadilla, Güímar, La Laguna, La Orotava e Icod, en el caso de Tenerife); cerrar las audiencias provinciales y acabar con los juzgados de paz. Eso significa que, si fructifica ese planteamiento, para realizar cualquier trámite judicial, cualquier persona debería desplazarse a Santa Cruz, en el caso de Tenerife. Y la situación es peor en el caso de las otras islas, pues cualquier residente en La Palma, La Gomera, o El Hierro tendría que viajar a Santa Cruz, o a Las Palmas, en el caso de Fuerteventura o Lanzarote.

El viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera, aclara que esa idea aún debe superar el anteproyecto y el proyecto de ley antes de que se apruebe definitivamente. Pero la intención del Ministerio es clara. La propuesta consiste en sustituir los partidos judiciales por los Tribunales de Instancia, divididos en cuatro grandes áreas: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social. En cuanto a suprimir las audiencias provinciales, Herrera explica que una parte de sus competencias (en lo civil y penal) serían asumidas por las salas correspondientes de los Tribunales Superiores de Justicia y la otra por tribunales de instancia colegiados (con tres magistrados).

Pedro Herrera cree que las audiencias provinciales pueden coexistir con los tribunales de instancia. Y que los juzgados de Paz deben permanecer en cada municipio, pero reenfocados hacia nuevas competencias, como los procesos de conciliación entre vecinos.

El viceconsejero piensa que los partidos judiciales deben sufrir una reestructuración, pero no desaparecer, pues eso significa alejar la Justicia de los ciudadanos. Para Herrera, el Ministerio no tiene en cuenta el hecho insular y las necesidades de las islas. Y se pregunta: "¿Qué pasaría con las infraestructuras actuales?", pues recuerda que hay palacios de Justicia de reciente construcción necesarios para ofrecer un servicio de calidad a la población.

El presidente de la Junta de Personal del Palacio de Justicia de Santa Cruz, Gregorio Pérez Sosa (UGT), asegura que la medida propuesta por el Ministerio de Justicia "no va a favorecer nada" el funcionamiento, la eficacia y la calidad de esta administración. Pérez dice que, como elemento positivo, puede suponer que en el futuro no existan sentencias tan contradictorias como puede haber ahora ante casos similares. Sin embargo, opina que no generará un beneficio para el ciudadano y se materializará con una "amortización de puestos de trabajo y órganos judiciales". Para el delegado de UGT, la propuesta no aportará celeridad a los procesos ni eficacia al trabajo de los funcionarios. Pérez Sosa coincide con el viceconsejero en que, de llevarse a cabo, será un alejamiento de la gestión para los ciudadanos. Y exige que el nuevo modelo debe implicar la absorción a los funcionarios y personal de todos los partidos judiciales que sean cerrados.

Dulce Paz, representante de Comisiones Obreras (CCOO), dice que su sindicato está totalmente en contra de la medida, entre otras cosas porque supondrá una pérdida de puestos de trabajo "espectacular". Paz recuerda que, si la Justicia ya es lenta con las actuales dotaciones, la situación puede empeorar significativamente. Considera que el planteamiento del Ministerio se ha hecho de espaldas a cualquier tipo de negociación y el resultado puede ser "caótico".