El número de familias de "clase media" que han acudido a los servicios sociales se ha duplicado en el último año y han entrado, como nuevos usuarios, universitarios, según un informe elaborado por el Consejo General del Trabajo Social, que agrupa a los profesionales de ese sector.
El primer Informe "Los servicios sociales en España", elaborado mediante una encuesta entre 1.361 trabajadores sociales colegiados de las 17 comunidades autónomas, alerta de un cambio de perfil de las personas que acuden a los servicios sociales a demandar ayuda.
Según la presidenta del Consejo, Ana Lima, han aumentado un 45,2 por ciento las personas de clases sociales medias atendidas, "que hasta ahora no sabían ni que existían los servicios sociales".
Además de mantener la atención a las personas sin recursos económicos -que han subido un 30 por ciento-, están reclamando estos servicios personas jóvenes -un 25,9 por ciento más- (sobre todo las que dejaron de estudiar pronto para trabajar) y con estudios de Secundaria y Universitarios que están en desempleo -el 13,5 % más-.
No obstante, se mantiene el perfil mayoritario de mujer, de 36 a 50 años, con estudios primarios, casada, que vive con su pareja e hijos y parada con subsidio de desempleo, como persona usuaria de estos servicios.
Respecto a las demandas de los ciudadanos, el 26 por ciento pide ayudas económicas, el 23,7 por ciento solicita información y orientación "porque no sabe qué hacer con su vida y sus problemas" y el 23 por ciento pide todo tipo de ayudas (domiciliarias, en centros, entre otras opciones).
Por comunidades autónomas, registraron un mayor aumento de las demandas de servicios sociales en el último año Baleares, Navarra, Canarias y Madrid, explica el informe.
Sobre las consecuencias de los recortes, los trabajadores creen que se han reducido más los empleados y los programas en Castilla-La Mancha, Valencia, Canarias, Madrid y Murcia.
En el extremo contrario, se sitúan Andalucía, Baleares, Navarra y País Vasco, donde aseguran que incluso ha habido un aumento de recursos y programas, mientras que aseguran que se mantienen los servicios en Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Asturias.
En la investigación, los trabajadores sociales declaran que ven amenazada la pervivencia de los servicios sociales y la gestión pública y denuncian que en el último año ha descendido la plantilla en su departamento el 33 por ciento.
Ocho de cada diez detecta una tendencia a la subcontratación o privatización de muchos servicios sociales y el 75 por ciento se muestra contrario a la combinación de sistemas de financiación públicos y privados en este ámbito.
La mayoría de los trabajadores sociales -el 58 %- cree que la gestión privada de los servicios sociales no garantizaría el derecho de acceso a todos los ciudadanos y que con la gestión privada disminuiría la calidad de los servicios sociales -el 53 %-.
La presidenta del Consejo ha denunciado que la reforma de la administración local va a provocar la desaparición de los centros públicos y que "peligra la calidad y universalidad de los servicios sociales".
"Un 40 por ciento de los trabajadores de los servicios sociales va a ser despedido con la reforma local", ha advertido la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, a pesar de que "la crisis ha provocado un aumento de la demanda: hay más usuarios habituales y nuevos que en los últimos años".
Además, ha alertado de la necesidad de aumentar la intervención y la protección de los menores.