El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha mostrado la "preocupación" del Gobierno por el "repunte" que han experimentado los delitos cometidos contra la libertad sexual de los menores de edad y también por la participación de éstos en bandas latinas.
En la Comisión de Justicia del Senado, Román ha recalcado que el Ejecutivo prestará una "especial atención" al "significativo repunte" registrado en los delitos sexuales contra menores y ha abogado por analizar sus causas y ahondar en el terreno de la prevención a través de la educación.
Tras poner de relieve el trabajo del Ministerio de Justicia al tipificar nuevas conductas en el Código Penal, el secretario de Estado también ha expuesto que el fenómeno de las bandas latinas "está siendo objeto de preocupación en el Gobierno" y ha añadido que Interior ha hecho un esfuerzo sostenido para prevenirlo a través de planes e instrucciones que, "pese a rebrotes aislados, están dando sus frutos".
A su juicio, es también "extraordinariamente positiva" la colaboración con la Fiscalía para "desvincular" a los menores de estos grupos, identificarlos y dales una respuesta adecuada en el proceso penal. "Preocupa su potencial criminógeno, el atractivo que ejercen sobre jóvenes que no tienen referentes personales o el empleo de armas blancas u otros objetos contundentes", ha expuesto.
NO CREAR UN ALARMISMO EXCESIVO
Consciente de analizar el fenómeno con los datos de criminalidad y sin crear "un excesivo alarmismo", el ''número dos'' de Justicia ha apostado por la prevención, la educación y la actuación policial así como por hacer un "especial" esfuerzo por rehabilitar a los jóvenes condenados.
Tras destacar la tendencia a la baja registrada en los delitos contra la vida y contra la libertad sexual de mayores de edad, Román ha augurado que el nuevo Código Penal reducirá de 400.000 a 200.000 las faltas que llegan a juicio gracias a la destipificación de algunas conductas y a la calificación de delitos leves de otras.
Al ser preguntado sobre la posible creación de un servicio público que asuma la tutela de adultos que sufran una discapacidad o enfermedad inhabilitante y se encuentren en situación de desamparo, desprotección o vulnerabilidad, Román ha recordado que esta materia es competencia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, si bien el Gobierno comparte "naturalmente" la preocupación.
Por ello, ha expuesto que los departamentos de Justicia y Sanidad están finalizando la redacción de un borrador sobre la "reforma integral de la normativa de protección de los menores", que incluye la protección a personas adultas sin una completa capacidad jurídica.