El sindicato CSI-CSIF ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción de Canarias la gestión de pagos que realiza la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), puesto que considera que "es constitutivo de delito", tras detectar "graves irregularidades" en el orden en el que se realizan los mismos.
En concreto, desde el sindicato explican que, tras investigar una serie de quejas de los propios proveedores sobre el procedimiento de los pagos realizado por el área que dirige Joaquín Mario Morales Romero, comprobaron que "no existía criterio alguno sobre los mencionados abonos", por lo que solicitaron una reunión "de máxima urgencia" en el mes de julio con la consejera, Brígida Mendoza, para trasladarle su preocupación, sin obtener respuesta alguna hasta la fecha.
Así, recuerdan que, por ley, los pagos a proveedores deben realizarse por riguroso orden de entrada de todos los documentos contabilizados para el pago en Tesorería, por lo que consideran que puede haber delito de prevaricación y tráfico de influencias al vulnerarse lo dispuesto en la ley 47/2003 y la 30/92.
Sin embargo, desde el propio SCS explican que dichos pagos se realizan en función de estricto orden de contabilización de la factura, después de haber sido conformada la misma, si bien reconocen que "en momentos hay que tener en cuenta los diferentes mecanismos de pago a proveedores existentes como pueden ser los créditos extraordinarios de pago a proveedores por parte del Estado y el Fondo de Liquidez Autonómica más los fondos propios de la Comunidad Autónoma, lo que hace que el pago real de los mismos se materialice en fechas diferentes en función del mecanismo al que queden acogidos".
Asimismo, desde Sanidad insisten en que "hay casos en que se priorizan en función del riesgo que supone la demora del abono de los mismos, como son casos de cortes de suministros de servicios básicos esenciales, quiebras de pequeñas y medianas empresas, pagos por ley y ejecución de sentencias judiciales. Debidamente justificados, se anteponen por el interés general que los mismos suponen" y añaden que "esta priorización se une con los criterios básicos y ordinarios que se siguen al proceder en la tramitación de los pagos, al orden normal de prelación establecido según estén contabilizados y derivados a la Tesorería para el abono de los mismos".
Desde el Partido Popular, "ante la gravedad de las acusaciones y oyendo ya con anterioridad quejas muy similares a las denunciadas ahora por el sindicato CSI-CSIF", la diputada Mercedes Roldós ha registrado una pregunta destinada a que la consejera "deje de guardar silencio, explique la situación y depure responsabilidades porque si se demuestra que hay la más mínima irregularidad estaríamos ante unos delitos gravísimos".