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Los bomberos se querellarán contra Bonis por el recorte de inversiones

La Junta de Personal entiende que este hecho representa un delito contra la seguridad de los trabajadores y se plantea acudir a las vías civil y administrativa, además de prestar asistencia jurídica a los ciudadanos cuando la carencia del servicio suponga un riesgo para la población.

EL DÍA, S/C de Tenerife
23/nov/02 20:08 PM
Edición impresa

La Junta de Personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife anunció ayer que interpondrá una querella por la vía penal contra el consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias, Julio Bonis, en respuesta a la reducción de la financiación prevista en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2003, fijados por el órgano en 2.700.000 euros y reducidos a 1.100.000.

Esta circunstancia no ha hecho sino agravar una situación que los bomberos afirman padecer desde hace un año, debido a que el Consorcio no ha percibido en este tiempo la partida que le corresponde abonar a la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2002, que asciende a 2 millones de euros, a pesar de los continuos requerimientos por parte del presidente del organismo, Miguel Ángel Guisado.

Según manifestó el abogado de la Junta de Personal, Antonio Acosta, esta acción judicial se fundamenta en el hecho de que el impago a los proveedores, con la consiguiente falta de material e infraestructura técnica, representa "un delito contra la seguridad de los trabajadores".

Además estudian la posibilidad de emprender acciones por la vía civil junto a los provisionistas e, incluso, se plantean acudir a la vía administrativa por lo que consideran un incumplimiento de los estatutos del Consorcio.

También sopesan prestar asistencia jurídica a las demandas ciudadanas, cuando las carencias supongan un riesgo para la población por la imposibilidad de que los bomberos realicen con garantías los servicios requeridos.

El lunes, manifestación

Como postura de fuerza, los bomberos han convocado una manifestación que recorrerá el lunes las calles de Santa Cruz (Parlamento, Cabildo y Edificio de Usos Múltiples II), desde las 10:30 horas.

Asimismo han mantenido reuniones con miembros de los grupos parlamentarios para solicitarles que presenten enmiendas al proyecto de presupuestos, con el objetivo de poder incrementar la partida destinada al Consorcio.

Lo cierto es que ante tal circunstancia, el presidente de la Junta de Personal, Sebastián Negrín, advirtió de que la situación es "muy preocupante" y resaltó que "estamos hablando de seguridad y, por lo tanto, de vidas humanas".

La falta de liquidez no augura un futuro esperanzador para el Consorcio: "No sólo se está poniendo en cuestión la viabilidad del proyecto, sino la desaparición del órgano", afirmó Negrín.

Entre las consecuencias inmediatas, el presidente señaló la imposibilidad de comprar material; el recorte de cursos de formación o la suspensión de la convocatoria de las 40 plazas previstas para renovar las plantillas en Santa Cruz y La Laguna.

En esta línea, el secretario de la Junta, Cecilio Acosta, subrayó el problema que se cierne sobre zonas como el Sur, "actualmente cubierta por sólo cuatro bomberos, de los que uno se queda en el Parque y tres salen a la calle, cuando es el lugar donde se da la mayor media de siniestros de la Isla", una situación extensiva a la Isla Baja, que cuenta únicamente con tres bomberos diarios, así como a Santa Cruz y el resto de la Isla.

La desbandada

El hecho de que la Comunidad Autónoma no abone la parte que le corresponde puede significar, "una desbandada de los Ayuntamientos, que no tienen la obligación de contar con un Cuerpo de Bomberos porque por ley se establece que ésta recae en los municipios de más de 25 mil habitantes", dijeron.

La consecuencia es que el Consorcio dejaría de funcionar y se paralizaría todo el proyecto creando una inseguridad muy preocupante.

Este periódico intentó ayer, en vano, conocer la reacción de Julio Bonis, consejero de Presidencia del Ejecutivo.