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La UE insta a España a acatar la sentencia sobre el uso de microorganismos


EFE, Bruselas
7/ene/04 1:13 AM
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La Comisión Europea instó ayer a España y Bélgica a acatar las sentencias del Tribunal de Justicia sobre su incumplimiento de la obligación de adoptar y notificar la legislación nacional para que se aplique una ley de la UE sobre el uso confinado de microorganismos modificados genéticamente.

La directiva (ley-marco) tiene por objeto garantizar que el uso de estos microorganismos en laboratorios y en otras situaciones de confinamiento sea lo más segura posible desde el punto de vista del medio ambiente.

La legislación nacional necesaria para adaptarse a esta norma debería haberse promulgado antes del 5 de junio de 2000, recuerda la Comisión Europea.

La comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, mostró su "decepción" por el que hecho de que Bélgica y España "lleven ahora más de tres años de retraso en la transposición de esta directiva" e instó a ambos países a "promulgar la legislación nacional restante cuanto antes".

España y Bélgica fueron condenadas el 13 marzo de 2003 por el Tribunal de Justicia Europea por incumplir el plazo de 5 de junio de 2000. En el caso de España, el Ejecutivo comunitario señala que "si bien se ha promulgado alguna legislación al respecto, la transposición sigue sin completarse".

En concreto, indica que aunque España ha promulgado la legislación pertinente, "todavía hace falta una normativa más detallada", que aún no se ha adoptado, motivo por el cual Bruselas le ha remitido un escrito de requerimiento.

Por lo que se refiere a Bélgica, la transposición es ahora completa en la regiones de Bruselas y Valonia, pero no en Flandes, por lo que la Comisión Europea también le ha enviado un requerimiento.

La Unión Europea adoptó en 1990 una directiva relativa a la utilización confinada de organismos modificados genéticamente y en 1998 se modificó para ajustarla al progreso tecnológico.

La directiva revisada tiene por objeto ajustar la legislación a las prácticas internacionales actuales y ligar mejor los procedimientos administrativos y los requisitos de notificación al riesgo real de las actividades de que se trate.

Además, amplía las directrices sobre las medidas de confinamiento y control que hay que aplicar para proteger la salud humana y el medio ambiente e introduce más flexibilidad para permitir su adaptación más fácil a progresos técnicos futuros.