El alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, anunció ayer que deja el cargo tras la marcha obligada de siete ediles condenados por prevaricación y de la salida voluntaria de otros dos concejales, estos imputados en la operación Pokemon.
Currás anunció que será el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, último en la lista con la que el PP concurrió a las elecciones municipales de 2011, quien se haga con la jefatura del gobierno local.
El alcalde compostelano -también imputado en la operación Pokemon- había convocado a la prensa para dar a conocer su nuevo Ejecutivo, el que tuvo que elaborar para sustituir a nueve concejales que dimitieron en un plazo de diez días, siete de ellos por imperativo legal al ser inhabilitados por prevaricación y otros dos, que abandonaron la Corporación de manera voluntaria.
Currás compareció con retraso y subrayó que cuando en abril de 2012 asumió el Gobierno local, al que accedió tras la dimisión de Gerardo Conde Roa, quien después fue condenado por un delito fiscal, intentó contribuir a la estabilidad de la ciudad.
En todo caso, recordó que parte del Gobierno ha cesado en sus funciones y que había pensado, en la actualidad, en un nuevo equipo.
"Asumí de forma irónica aquel gobierno con pasión por Compostela", señaló al recordar lo sucedido hace dos años, pero añadió que hoy "la idea de pasión se acerca más a un significado de padecimiento propio de las convulsiones que hemos tenido".
Por ello, reflexionó en las últimas fechas sobre la existencia de una "situación excepcional ahora" que requiere también "soluciones excepcionales", motivo por el cual ha pensado en lo que convendría a la ciudad, y concluyó que Santiago tiene que abrir una etapa "con un equipo necesariamente nuevo".
Por ello, tras hablar con su partido y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, decidió que la renovación pasa por el hecho de que un miembro de la candidatura, Agustín Hernández, el número 25, se incorpore como concejal y luego pueda asumir la alcaldía.
El presidente la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró el pasado 5 de junio que urgía "abrir una nueva etapa" en Santiago, porque así lo merecen los ciudadanos y las instituciones.
Siete concejales del PP fueron condenados a 9 años de inhabilitación de cargo público por haber decidido en Junta de Gobierno -a la que no asistió el alcalde- pagar con fondos públicos la defensa de un compañero, Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon que investiga supuestas prácticas corruptas en concesiones municipales. Varela y Rebeca Domínguez son los otros dos concejales que han dimitido, en este caso de manera voluntaria.