La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a las principales organizaciones del ámbito social, reclama una reforma de la Constitución para que el Estado comparta con las comunidades las competencias de las políticas sociales y se eliminen los desequilibrios territoriales en las prestaciones.
Las entidades sociales presentaron ayer un decálogo de propuestas electorales en materia social, que van a trasladar a las formaciones políticas que concurren a los próximos comicios para que las incorporen en sus programas.
Una de ellas es la reforma del título octavo de la Constitución Española (CE) para que la administración central disponga de una competencia de naturaleza compartida con las comunidades en el desarrollo y aplicación de políticas de solidaridad e inclusión social.
Consideran que la devolución de competencias acabaría con los desequilibrios
"El cambio constitucional no pasa por quitar las competencias de los servicios sociales a las comunidades autónomas, sino por dotar a la administración general del Estado de una parte de la competencia para que pueda complementar los desequilibrios territoriales" que existen actualmente, asegura el presidente de la plataforma, Luciano Poyato.
En este sentido, defiende la necesidad de "garantizar a una persona, independientemente de donde ha nacido, los mismos derechos en la práctica".
Con el mismo objetivo, la plataforma propone una ley estatal de rentas mínimas garantizadas, que incluya la "misma renta" para todo el territorio que debe situarse en torno al salario mínimo profesional, que impida que las personas que lo precisen se queden en la exclusión.
"Pedimos una ley de derechos sociales y que las prestaciones sean equitativas en todas las comunidades autónomas", subraya Poyato.