Uno de los miembros de la sección de derecho penal de la Comisión General de Codificación que revisará los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal ha asistido a la primera reunión del órgano para anunciar su dimisión, alegando que falta paridad en el órgano judicial.

Además, ha explicado que no comparte el momento elegido por el Ministerio de Justicia para estudiar una posible reforma legal y la tipificación de los delitos sexuales, ya que se aborda a raíz de la sentencia de la Manada.

El integrante de la Comisión Javier Moscoso del Prado ha avanzado en declaraciones a los periodistas su renuncia antes de hacerla oficial en la reunión convocada este jueves. "Soy respetuoso con las citaciones institucionales", ha argumentado.

Otro de los asistentes ha abandonado el lugar a la media hora del inicio, aunque no ha querido hacer declaraciones apuntando que el contenido del encuentro es confidencial.

Moscoso ha recalcado que comisión "está envejecida" y es "poco operativa" ya que no se reúne "desde hace 20 años". Asimismo, se ha mostrado partidario de las reivindicaciones de las mujeres juristas y a favor "del principio de igualdad constitucional", especialmente en una Administración "cargada" de mujeres.

Este órgano, al que el ministro de Justicia encomendó el análisis de los delitos sexuales, inicialmente estaba formado por 20 hombres. Sin embargo, dos de ellos ya han dimitido, tras la polémica que se ha generado en torno a la mayoritaria de varones. Fue entonces cuando el ministro propuso la incorporación de cinco mujeres a esta comisión, aunque una declinó la invitación.

Finalmente, un total de 19 hombres y cuatro mujeres se han reunido este jueves en la primera reunión aunque una de ellas, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, había confirmado este miércoles a través de Twitter que participaría en la reunión pero reclamó una sección penal "paritaria" para que la presencia de mujeres no se limitara a una situación concreta.

Este martes también se hizo pública una carta firmada por 25 catedráticas de Derecho Penal solicitando a los miembros de la sección penal su "inmediata renuncia", con el fin de que esta se "reconstruya conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género