El Gobierno de Canarias ha sacado un borrador de decreto que permite el alquiler vacacional turístico en zonas residenciales que no sean turísticas. Es una cosa imaginativa. Algo así como permitir la pesca en las Islas en cualquier lugar que no sea el mar o el cultivo de la papaya en cualquier zona que no sea el suelo.

De una atenta lectura del borrador se deduce que la prohibición es relativamente relativa. Porque dice que los ayuntamientos podrán hacer excepciones a esta norma, siempre y cuando los cabildos de la isla correspondiente estén de acuerdo. O sea, que lo que resuelve es pasarles la pelota a los municipios para que sean ellos los que decidan qué hacer con el tema. La vieja técnica de aquel ladrón que entra primero por un hueco y cuando le rompen los dientes con un bate de béisbol, da marcha atrás con los dientes en la mano y le dice a su compañero: pasa tú delante que a mí me da la risa.

Las razones que se alegan en el borrador de decreto para establecer la aparente prohibición tienen su lógica. Los redactores de la futura norma quieren, por ejemplo, ayudar a que haya viviendas de alquiler a precio razonable para los residentes, retirando del mercado del alquiler a turistas muchos de las 31.000 pisos que hoy están dedicados al asunto. Esa es una razón cargada de muy buenas intenciones. Claro que eso se puede conseguir haciendo más viviendas o incluso, ya exagerando por todo lo alto, haciendo viviendas de protección oficial como en la que vivía Pablo Iglesias, antes de lo del chalé de Galapagar.

Pero esto, claro, implicaría que la burocracia desatascara los proyectos atascados de los promotores que quieren construir y se tiran de los pelos porque para conseguir un papel les dan las uvas. O incluso podría suponer, en el colmo de males, que las administraciones públicas se dedicaran a construir viviendas de promoción pública, más que nada por eso de que la Constitución de los españoles dice que los ciudadanos, esa especie en extinción, tienen derecho a una vivienda digna.

Hay otras razones, por supuesto, como la de "evitar el crecimiento desordenado". Supongo que de la construcción, porque ya se sabe que hay una demanda salvaje de los guiris por irse de vacaciones a esos cuartos de aperos que han crecido como una desordenada lepra por nuestras laderas.

Vamos a ver en qué acaba el borrador, pero ya se veía venir que eso de que la gente de la tierra hiciera sus perritas alquilando sus apartamentos tenía los días contados. Porque se estaba creando una alternativa peligrosa al tradicional negocio hotelero. Y a ver qué nos iban a decir las grandes cadenas mallorquinas. Por no hablar de que se pondrían en grave riesgo los salarios de escándalo que se pagan en el sector de servicios turísticos y hasta la Organización de Países Latinoamericanos nos podría pedir cuentas.