Santa Cruz de Tenerife

El restaurante de la Cofradía no ha recibido la notificación de cierre

El propietario del establecimiento, Lázaro José Díaz, anuncia que recurrirá la decisión, cuando la reciba, y remarca que "lo que más le duele" es haberse enterado por la prensa.
El Día, S/C de Tenerife
22/may/18 6:24 AM
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El propietario, desde hace dieciocho años, del restaurante de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, Lázaro José Déniz, aseguró ayer -al mediodía- que no ha recibido las resoluciones dictadas por la Gerencia de Urbanismo en las que, por un lado, se ordena el precinto del establecimiento y, por otro, se propone una multa de 20.000 euros por no haber cumplido una orden de cierre de noviembre del año pasado.

Visiblemente molesto con el Ayuntamiento de la capital, Déniz avanzó que "recurrirá" la decisión, una vez que le haya sido comunicada, y manifestó que "lo más que le duele" es haberse enterado por la prensa de la intención de Urbanismo. "Es como si vas al médico y se entera todo el hospital antes que tú de que estás enfermo", remarcó.

Como consecuencia de no haber recibido la mencionada resolución, la actividad del restaurante de la Cofradía se mantuvo ayer como cualquier otro día. Y no lo hará hoy porque es el día de descanso del personal, confirmó Déniz.

Con los mismos argumentos que ya expuso en agosto del año pasado, cuando se conoció que Urbanismo había incoado un expediente de actividad clandestina en contra de la Cofradía de Pescadores al carecer de licencia, el propietario del restaurante indicó que si finalmente se ejecuta el cierre del local, "será su ruina". "Me veré con la soga al cuello", añadió.

En este sentido, recordó que aún está pagando el préstamo, de 78.000 euros, que pidió para reformar el establecimiento, más una hipoteca, y sostuvo que el fin de la actividad del local dejaría a doce empleados en la calle, además de a él y a su mujer. "¿Esta gente se cree que el dinero cae del cielo?", se preguntó Lázaro José Déniz, en referencia a los responsables políticos del consistorio de la capital.

Cabe recordar que en la resolución de Urbanismo en la que se ordena el precinto del establecimiento de restauración, y que publicó este periódico en su edición del sábado, se le dan cinco días al propietario, a contar desde el siguiente de la notificación de la resolución, a fin de que proceda a la retirada del interior de local de todos los elementos y productos perecederos, así como los enseres que se estimen oportunos.

Transcurrido dicho plazo, añade el documento, se podrá llevar a cabo el precinto por parte de funcionarios del ayuntamiento.

La segunda resolución resuelve iniciar un expediente sancionador contra Déniz como presunto responsable de la comisión de una infracción "muy grave" al carecer de título habilitante para el desarrollo de la actividad que ejerce, y propone una multa de 20.000 euros.