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HUELGA EN LA JUDICATURA Y EL MINISTERIO PÚBLICO

El 91% de jueces y el 81% de fiscales pararon en la provincia

El magistrado Juan Carlos González, en nombre de sus compañeros, espera que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recapacite sobre las demandas planteadas por los colectivos.
El Día, S/C de Tenerife
23/may/18 5:06 AM
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El 91% de jueces y el 81% de fiscales pararon en la provincia

La huelga en la Judicatura y en el Ministerio Público desarrollada ayer tuvo un seguimiento mayoritario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, puesto que un 91% de los jueces y un 81% de los fiscales secundaron la protesta. El paro llegó al 100 por ciento en Santa Cruz de Tenerife en los juzgados de Primera Instancia, Instrucción, Violencia de Género, Vigilancia Penitenciaria, Mercantil, Familia, Menores, de lo Penal y Contencioso Administrativo. En los Sociales bajó al 87,5%, mientras que en la Audiencia Provincial obtuvo una repercusión del 70% en las secciones de lo Civil y del 72,72% en las de lo Penal.

Respecto a los partidos judiciales, la paralización fue total en Arona, Icod de los Vinos y Güímar. En La Laguna se quedó en un 77,7%; en La Orotava, en un 80%; en Granadilla, en un 75%, y en el Puerto de la Cruz, en un 66%. En todo el Archipiélago, 203 de los 272 jueces secundaron el paro de ayer, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El magistrado Juan Carlos González Ramos, portavoz territorial de la Asociación Francisco de Vitoria, afirmó que "no nos hubiera gustado llegar hasta aquí", pero recordó que las reivindicaciones de jueces y fiscales no han sido oídas ni atendidas. Apuntó que las quejas son contra el Gobierno, las Cortes Generales y el Consejo General del Poder Judicial.

Ramos insistió en demandar que no haya injerencias políticas en el nombramiento de cargos e integrantes del Consejo General del Poder Judicial, o bien de jueces por parte de los parlamentos autonómicos para los tribunales superiores de Justicia.

Otra exigencia consiste en aumentar la cifra de autoridades judiciales, ya que actualmente en Europa hay una media de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en España es de 11,2 para esa población.

Mejorar la eficacia de la Justicia pasa, entre otras cosas, por la implantación de los juzgados de Instancia en las capitales de provincia, un proyecto que lleva años paralizado, según González Ramos. El representante de la Asociación Francisco de Vitoria manifestó que la planta judicial no aumenta a la par que la carga de trabajo, y los sistemas informáticos de diferentes comunidades y en la demarcación del Ministerio de Justicia son incompatibles entre sí, lo que acarrea serios problemas en el trabajo.

González Ramos lamentó que faltan recursos humanos y medios materiales para luchar contra la corrupción, como, por ejemplo, la existencia de peritos económicos que dependan de la Administración de Justicia, y no de los ministerios de Economía o de Interior. También citó la necesidad de recuperar los ingresos económicos que el Gobierno les recortó en un 9,73% en el año 2010, mientras que la media de la bajada salarial en el resto de la función pública alcanzó el 5,5%. La recuperación del régimen de vacaciones y permisos es otro de los planteamientos realizados al Gobierno del Estado.

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