La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el caso Erial, ha ordenado prisión incondicional y sin fianza para el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Zaplana, detenido el martes junto a otras seis personas en este caso que investiga los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación, ha abandonado la Ciudad de la Justicia de Valencia poco antes de las 21 horas camino de la prisión de Picassent (Valencia).

Los detenidos junto a Zaplana son los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, que han quedado en libertad con medidas cautelares, el exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, el ex alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica, Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, y el asesor fiscal Francisco Grau.

Para este último y para Barceló, la jueza también ha decretado prisión, mientras que para López y Juan Francisco García ha acordado libertad con medidas cautelares de retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.

La jueza ha acordado todo lo que ha solicitado la fiscalía anticorrupción para los siete detenidos en esta operación contra el blanqueo de capitales.

La jueza ha culminado una actuación iniciada el pasado martes con la detención de Zaplana y de otras seis personas, así como la investigación de otras tres personas, por su presunta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación,

Tras pasar por el cuartel de la Guardia Civil de Patraix, en Valencia, todos los implicados en esta causa fueron trasladados, a partir de las 12.30 horas, a la Ciudad de la Justicia de Valencia, para ser puestos a disposición judicial.

El foco del caso Erial está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico, aprobado en 2011. Los investigadores creen que algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

Precisamente, el blanqueo y repatriación de dinero en los últimos años por parte de Eduardo Zaplana habría sido la segunda pieza clave para activar la investigación del caso Erial, según fuentes de la investigación.

Tanto en el caso de la privatización de las ITV, realizada en 1997 durante el mandato de Zaplana al frente de la Generalitat, como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino.

El denominado caso Erial saltó a los medios de comunicación este martes con la detención en Valencia del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ese mismo martes, Zaplana estuvo presente en los registros que los agentes de la UCO realizaron en su casa en Valencia por la mañana y, por la tarde, en su chalet de Benidorm. Tras pasar la noche en los calabozos del cuartel de Patraix, el expresident de la Generalitat y ex ministro de Trabajo fue trasladado el miércoles a Madrid para asistir al registro de una vivienda y un despacho en la capital de España.

Hoy jueves, los detenidos e investigados se acogieron a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil y, con las diligencias instruidas, fueron trasladados ante la titular del juzgado de Instrucción número 8.

Esta causa se inició en 2015 por el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de unos papeles con suficientes indicios de presuntas actividades delictivas de Zaplana que fueron aportados por Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", investigado por la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana y que en esa época decidió colaborar con la Justicia.

Ese documento, al parecer manuscrito por el propio Zaplana, acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos e inició una investigación que ha llevado el Juzgado número 8 de Valencia y que el martes permitió el arresto, entre otros, del expresident de la Generalitat y exministro.

La lista de investigados en este caso se completa con el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, Rosa Barceló, mujer de Zaplana, y Mitsuko Henríquez, secretaria personal de Zaplana.