El Parlamento de Canarias aprobó el miércoles, con el rechazo de Coalición y de los votos de Curbelo, más dos inesperadas abstenciones podemitas, el dictamen de la comisión de estudio sobre la reforma electoral, que ha de incorporarse a la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso. El dictamen, aprobado entre aplausos de sus señorías, pero en un Parlamento vacío de público (inconsciente de vivir el "momento histórico" señalado por los proponentes), cambia algunas cosas sustanciales: por un lado, rebaja los topes insulares del treinta al quince por ciento y los regionales del seis al cuatro por ciento (algo que no genera contestación en ninguno de los grupos parlamentarios), establece la adjudicación de un nuevo diputado a la isla de Fuerteventura, incorporando además -y este es el asunto más polémico- una lista regional de nueve diputados.

Casimiro Curbelo, uno de los más activos defensores del actual modelo de la triple paridad, emanado de los acuerdos fundacionales de la Autonomía Canaria, ha sido extraordinariamente duro en la crítica a la decisión de que este asunto se resuelva en el Congreso de los Diputados, en vez de en la Cámara canaria, donde si no se ha resuelto, ha sido precisamente porque Curbelo y Coalición han tirado de su minoría para bloquear una decisión que requiere de las dos terceras partes del Parlamento.

Personalmente, me da igual que la reforma se decida en Canarias o en Madrid, aunque veo difícil que en el Congreso se consiga la mayoría suficiente para intervenir el sistema electoral canario. Aún así, Canarias no debería seguir más tiempo prorrogando unas normas que una parte de los ciudadanos de Canarias -básicamente los grancanarios- consideran injustas. En Gran Canaria se ha establecido la idea de que la continuidad en el Gobierno de Coalición -un partido con escasa representación en Gran Canaria- es resultado de las normas electorales. Eso no es cierto: Coalición ha ganado cinco de las nueve elecciones regionales de Canarias, las otras cuatro las ha ganado el PSOE con las mismas normas. Coalición se mantiene en el Gobierno porque ocupa desde 1993 la centralidad política y puede optar por gobernar con el PP o con el PSOE, incapaces de llegar a acuerdos para gobernar entre ellos.

Lo que sí es cierto es que este sistema no es proporcional. Como no lo son, por cierto, la mayoría de los sistemas electorales: ni el del País Vasco, ni el catalán, ni el de Castilla-La Mancha, ni el español, ni el británico, ni el de Estados Unidos. La fórmula que se ha encontrado -crear una lista regional de nueve diputados, a votar por todos los canarios- no resuelve en absoluto el problema de la proporcionalidad, y creará probablemente más frustración porque no va a influir sustancialmente en las posibilidades de sacar a Coalición del Gobierno. Si Coalición deja de estar en el Gobierno en la próxima legislatura será porque el aumento de partidos permite nuevas combinaciones de mayorías, no porque el reparto de los nueve diputados regionales vaya a cambiar las proporciones actuales.

Otra cosa muy distinta sería coger el toro por los cuernos y haber asumido una lista regional única, algo que sí daría a cada voto el mismo valor, pero a lo que los partidos no se atreven, porque levantaría en rebeldía a sus propias parroquias insulares. La fórmula elegida es una fórmula cosmética, pero que -a mi juicio- abre la puerta a avanzar en dirección a desatascar lo que hoy despierta la desafección grancanaria con el sistema. Ojalá en algunos años esos diez diputados se conviertan en veinte o en treinta -sin aumentar el número de escaños, sino reduciendo a un máximo de dos, tres, cuatro o cinco los diputados con los que cuenta cada isla-, y en Canarias se asuma que esta región es una región, y no solo la suma de los intereses de quienes gobiernan sus islas.