Los ministros de Exteriores de la UE han anunciado que actuarán para adoptar sanciones individuales, que "no afecten a la población civil de Venezuela", sino a individuos concretos responsables de la organización de las elecciones, con el objetivo de que las autoridades convoquen nuevos comicios que cumplan con "los estándares mínimos internacionales".

La Alta Representante de Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, ha explicado al final de la reunión, que el propósito de estas medidas restrictivas es "crear las condiciones para un diálogo político y significativo" que lleve a una solución política de la crisis. Según ha explicado un alto funcionario de la UE, a diferencia de las medidas adoptadas por Estados Unidos, la Unión Europea descarta tomar represalias contra el sector petrolero o que afecten a la economía del país.

"Esperamos que el incremento de la presión no solo por parte de la UE, sino por parte de los países de la región convenza al régimen de que la única salida es el diálogo", ha afirmado en rueda de prensa el ministro español, Alfonso Dastis, que ha explicado también que los procedimientos jurídicos que hay que poner en marcha ahora hace que las sanciones no puedan adoptarse formalmente hasta junio.

Los nuevos nombres que se añadirán a la lista de cargos venezolanos a los que la UE ya penalizó en enero son aún una incógnita. "Hay que ir de manera gradual. Es lo único que puedo decir", ha zanjado Dastis al ser preguntado sobre una hipotética incorporación de Nicolás Maduro. Según fuentes europeas, sancionar a un jefe del Estado es algo excepcional y sigue unos cauces jurídicos más complejos.

Los ministros de la UE han reiterado que la pasada cita electoral se realizó sin un calendario electoral acordado, y sin un proceso "creíble y transparente" que garantizase la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones. También consideran que el papel del Consejo Nacional Electora fue parcial y que se produjeron irregularidades durante la jornada electoral.

La ausencia de estas garantías y la "falta de credibilidad" del proceso electoral llevó a la UE a rechazar cualquier forma de participación en la observación de los comicios, según las conclusiones aprobadas por los Veintiocho. Sin embargo, han reiterado la necesidad de convocar elecciones "libres y transparentes respetando las reglas constitucionales de Venezuela".

Maduro revalidó su cargo el pasado 20 de mayo con un 67,7% de los votos y con una abstención que rondó el 54% tras el boicot de la oposición. Según los Veintiocho, el escaso calendario y los obstáculos a la participación de la oposición, así como el "desequilibrio" ideológico en los medios de comunicación y que no se respetasen "los estándares democráticos mínimos" han provocado que las elecciones no hayan sido "ni justas ni libres".

Por ello, reclaman una nueva convocatoria, "la liberación de los presos políticos, el cumplimiento de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales" y una solución negociada a la crisis. También piden el apoyo de los países vecinos que acogen a numerosos venezolanos que huyen de la precaria situación económica que vive el país.