Lorenzo y Armenia fueron los primeros en recibir ayer las llaves de su casa, esa que entregaron y de la fueron desalojados el 27 de octubre de 2016. Por el camino -la única calle, Manuel Oliva Martín - "se nos rompía el corazón" porque hace 19 meses y un día que dejaron un pueblo "lleno de colorido y olor, limpio y frondoso" y ayer retornaron a un lugar "con efectos peores a los que dejó el Delta (tormenta tropical)". Palmeras muertas -"y eso que dicen protegerlas"-, jardines llenos de matorral, plantas secas y restos, muchos restos de todo lo que adornó Bajo la Cuesta.

Y así fueron 20 las viviendas que ayer reabrieron sus puertas. Los moradores de ocho de ellas llegaron con síntomas de evidente ansiedad porque el sábado pasado fueron allanadas por una pareja (al menos) de ladrones. "Entraron forzando y rompiendo puertas y tenían bolsas llenas de todo: ropa interior, sábanas, adornos, libros...". Esa tarde, un grupo de vecinas realizaba las tareas de vigilancia del barrio -el Ayuntamiento de Candelaria dejó de pagar la que tenía contratada el lunes pasado (día 21)- y fueron alertadas, por varias personas que se bañaban en la playita del barrio, de la presencia de extraños en las casas situadas a mitad de la calle. La diligencia con que emitieron la alerta y la rapidez con que intervino la Guardia Civil permitió localizar a un joven debajo de una cama, en la vivienda 29, y a su compañera introduciéndose en otra próxima.

Desde el gobierno municipal de Candelaria se confirmó ayer la finalización del contrato con la empresa de seguridad privada el pasado día 21, asegurando que "se ha ordenado a la Policía Local que refuerce la seguridad en la zona", anunciando al tiempo que "se implementarán medidas de seguridad adicionales".

El miedo era notable entre quienes ayer retornaron a sus casas para dedicarles días a limpiarlas y dejarlas para ser habitadas con todas las garantías. "Aquí se quedará gente por si vuelven a robar, pero algunos tenemos unos días más de alquiler de la vivienda que ocupamos hasta ahora que aprovecharemos para terminar de limpiar aquí".

A esta dificultad, quienes viven en el tramo situado bajo la franja restaurada del talud de Bajo la Cuesta tienen claro que "esto no ha acabado. De aquí salimos todos juntos y esperábamos entrar juntos. Pero no ha podido ser. Nosotros seguimos en la lucha, de otra forma y con la ventaja de estar en nuestras casas, pero no pararemos porque a nuestros vecinos hay que buscarles una solución".

"Se me parte el corazón. Ahí (en el campamento de la explanada situada junto al barrio) hay vecinos que están pagando su hipoteca y que hasta tienen que pagarse el alquiler porque no les dan ni una ayuda", se escucha entre quienes enseguida cogieron la manguera, el escobillón, la pala y el paño del polvo.

Allí, en la explanada, un grupo de los habitantes de Bajo la Cuesta -sobre cuyo futuro se ciernen muchas dudas- expresó su alegría por la vuelta de sus convecinos a sus casas. Al tiempo, portaban pancartas demandando la obra de emergencia que falta aún para que el resto de los habitantes del barrio (muchos más de los que ayer regresaron a sus casas) también puedan acceder a sus viviendas.

Según la información oficial, en Bajo La Cuesta hay un total de 49 viviendas, siendo once las familias que tienen su única residencia en este enclave, por lo que el ayuntamiento sufragó el alquiler de una vivienda alternativa. El realojo que se realizó ayer "se ha producido en 20 de ellas, siete de las cuales tienen su única vivienda en Bajo La Cuesta".

Se busca un millón para que regresen todos

"Por la lucha entran unos pocos. Seguiremos luchando por los que quedan" porque "Bajo la Cuesta son 54 viviendas y la capilla de la Virgen del Mar". Así quedó reflejado ayer en las pancartas emplazadas en el acceso al barrio, que desde ayer requiere el paso obligado por la explanada de la central eléctrica ya que los primeros metros de la calle Manuel Oliva Martín están precintados, tras la caída de una piedra el pasado día 18. El futuro de Bajo la Cuesta no solo depende de la resolución definitiva de la recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre, sino de que las administraciones (Gobierno central, Ejecutivo regional, Cabildo y ayuntamiento se reunirán el 20 de junio) aporten el millón de euros que se precisa para restaurar la superficie del talud en la que sigue habiendo peligro de derrumbe.