El policía local que destapó en un primer momento el caso de las multas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que derivó en la creación de una comisión de investigación donde se certificó la desaparición de 162 denuncias de tráfico, ha sido suspendido de funciones durante un período de siete meses por los métodos empleados durante su actuación para investigar las sanciones que entendía que habían sido retiradas directamente por el jefe del Cuerpo.
El expediente disciplinario ha sido recurrido por la vía judicial por los abogados del agente afectado, aludiendo a dos causas concretas: el expediente llevaba ya caducado diez días cuando fue resuelto y por no abstenerse el alcalde, Sergio Matos, de dictar el inicio del procedimiento y participar activamente durante su tramitación, cuando en ese momento había una causa abierta entre el regidor municipal y el propio policía local.
Al funcionario sancionado se le cuestionan sus formas a la hora de intentar demostrar fehacientemente que su jefe había retirado denuncias por amistad con los posibles infractores, llegando supuestamente a presionar a los que el agente consideraba piezas claves para destapar las actuaciones de su superior. Al final, la investigación fue infructuosa y se entiende ahora que la manera de interpretar y llevar a cabo aquel trabajo no está ajustada a la profesionalidad que todo funcionario de su misma categoría debe mostrar.
Aquella primera denuncia individual se convirtió posteriormente en una colectiva, respaldada por una docena de agentes, aunque en esta ocasión no se señalaba directamente al jefe del Cuerpo sino se pedía al alcalde que investigara la desaparición que se estaba produciendo de un número importante de denuncias. Pidieron en concreto "la identificación del funcionario responsable que está cometiendo lo que constituyen a simple vista varios hechos delictivos".