Más de 2.000 venezolanos con origen canario han vuelto a las islas en el periodo aproximado de dos años, después de que el Gobierno de Venezuela haya dejado de pagar las pensiones.

Por ello, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras reunirse con el presidente de Cáritas Diocesana, Leonardo Ruiz, ha informado de que el Ejecutivo regional estudia la posibilidad de ampliar el espectro de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a esta población, lo que les obligaría a renunciar a su pensión en Venezuela.

Dependiendo de las circunstancias familiares, la PCI va desde los 300 a los 500 euros aproximadamente, ha precisado el presidente, quien ha destacado que muchos venezolanos retornados "son españoles y son canarios".

A este respecto, el presidente de Cáritas Diocesana ha reconocido que una de las mayores preocupaciones de la organización es "la cantidad de gente que está viniendo de Venezuela, no solo venezolanos de origen sino canarios retornados".

Ha explicado que Cáritas recibe la demanda de personas retornadas de Venezuela que se trasladan a Canarias "por la situación política y de pobreza que hay en el país" y acuden a que les ayuden quienes ellos auxiliaron en el pasado.

Otro de los graves problemas que afronta Cáritas es la demanda de alojamiento de "muchas" persones mayores de 65 años con pensiones no contributivas, a las que les es imposible acceder a un alquiler con una pensión de poco más de 300 euros.

Leonardo Ruíz ha recordado que Canarias registra el mayor número de pensionistas no contributivos del Estado, sobre todo mujeres que han trabajado toda su vida en el campo sin cotizar, ha detallado.

Clavijo ha señalado que este problema que afecta a los pensionistas habrá que resolverse con el Gobierno central y ha añadido que espera que ahora, que gobierna el PSOE, sea más fácil que se suban las pensiones no contributivas hasta al menos la cuantía de un salario mínimo interprofesional.

Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a la firma de un convenio para resolver los problemas estructurales de algunos recursos alojativos.

Según el presidente de Cáritas Diocesana, las soluciones las tienen que buscar entre todos, puesto que sin la colaboración de las instituciones "es imposible".

Cáritas colabora "siempre" con el Gobierno en las competencias que son de ellos a través de la financiación que el Ejecutivo les otorga, ha agregado Leonardo Ruíz, quien ha recordado que desde abril de 2017 se acabaron las ayudas de la fundación Amancio Ortega, lo que ocasionó la bajada del ritmo de atenciones.