Si todavía conservaba algún valor patrimonial, quedó sepultado entre los escombros. Las palas retomaron durante la mañana de ayer la demolición del inmueble de la calle Puerta Canseco, 23, suspendida desde finales del año pasado y que generó un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife que acabó en los juzgados. Todavía no hay un pronunciamiento judicial.
El reinicio de los trabajos se produjo después de que el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, firmara hace unos días una resolución que permitía el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre la licencia concedida, en octubre del año pasado, a la empresa Construcciones Isieve.
Urbanismo tenía ya, desde marzo, el respaldo del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop), al que se le había encargado un informe sobre la situación del inmueble. "Estimamos que, en este nuevo contexto, al cual nos debemos referir necesariamente, los edificios objeto del presente informe carecen de valores patrimoniales según la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias", fue la conclusión de los expertos de la Fundación, que analizaron también el estado de los inmuebles de los números 27 y 29. Para ambos existe licencia de demolición.
La elaboración de un estudio como el del Cicop era uno de los compromisos que habían adquirido el Cabildo y el ayuntamiento con el objeto de desbloquear la situación que se había generado tras la suspensión, por parte del área insular de Patrimonio Histórico, del derribo de la vivienda del número 23 de Puerta Canseco.
En adelante, y según acordaron las dos administraciones a comienzos de año, el consistorio deberá comunicar previamente a la Corporación insular la concesión de licencias que afecten a los más de 500 edificios que el Cabildo cree susceptibles de catalogar.