Los cabildos y los ayuntamientos de Canarias temen perder alrededor de 24 millones de euros -el equivalente a casi un mes de recaudación- por los cambios que ha llevado a cabo el Gobierno del Estado en la liquidación del IVA, de ahí que hayan pedido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que traslade este problema al Ministerio de Hacienda para que no se produzca un perjuicio para las corporaciones locales.

Tras la celebración de una asamblea general, el presidente de la Fecai, Carlos Alonso, ha explicado a los medios que se trata de un problema que podría surgir con la liquidación de la financiación del Estado de 2017, pues se ha cambiado el sistema de recaudación y devolución del IVA y eso está generando una serie de problemas que podrían provocar que las administraciones locales pierdan casi un mes de recaudación y que en la liquidación tengan que devolver recursos al Estado como consecuencia de ese desajuste.

Carlos Alonso indicó que, según los cálculos, ese desajuste se ha cifrado en casi 24 millones de euros menos en el caso de los cabildos y los ayuntamientos canarios y de 700 millones de euros para el conjunto del Estado. "Por tanto, hablamos de una cantidad importante que dejaríamos de percibir las corporaciones locales como consecuencia de ese desajuste", afirmó.

Desde la Fecai ya han pedido a la FEMP que se dirija al Gobierno para que regularice esta situación y no provoque un desajuste en la liquidación de los ingresos del Estado que perciben las corporaciones locales españolas, y avanzó que este mes ya se va a celebrar una reunión de la Comisión Financiera de la FEMP para terminar de valorar los datos y recabar el cambio de criterio del Ministerio.

Por otro lado, la reunión de la Fecai también ha servido para pasar revista a cómo va evolucionando la recaudación del bloque de financiación canario, cuyo grueso principal tiene que ver con la recaudación del IGIC, que hasta el pasado mes de mayo ha registrado un incremento de unos 85 millones de euros respecto al año anterior, una previsión que va en línea con lo que el Gobierno de Canarias había estimado en el presupuesto de 2018 y con lo que los cabildos habían incorporado en sus cuentas.