El Consejo de Ministros, en su primera decisión de calado desde que Pedro Sánchez se hizo cargo del Gobierno, ha avanzado hoy que devolverá el derecho a la sanidad universal y, por tanto, podrán beneficiarse de asistencia sanitaria los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España.

Se trata de una decisión adoptada en la segunda reunión del Consejo de Ministros de Sánchez, que ha aprobado una batería de nombramientos en los segundos niveles de la Administración central y en instituciones como la Fiscalía General del Estado.

Ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, quien ha avanzado en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo que el Ejecutivo aprobará previsiblemente en el plazo de unas seis semanas un real decreto que derogará la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular.

Para redactar ese decreto el Gobierno va a abrir un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil, y Celaá ha augurado que, una vez que se apruebe la nueva norma, todas las autonomías la cumplirán.

En el capítulo de medidas, el Gobierno ha acordado renovar el préstamo del Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social por 10.192 millones de euros, previsto en los presupuestos prorrogados de 2017, para afrontar la paga extra de verano que los pensionistas empezarán a cobrar la próxima semana.

De ese préstamo se librarán 7.500 millones para poder completar el doble pago de las pensiones de este mes.

El Gobierno ha anunciado también que preparará un plan integral de trabajo para el campo de Gibraltar que aborde la problemática del narcotráfico no sólo desde el punto de vista policial, sino también con medidas sociales.

La reunión de hoy del Consejo ha sido la primera con José Guirao como ministro de Cultura después de la renuncia de Màxim Huerta, una crisis que la portavoz del Gobierno ha asegurado que Sánchez ha afrontado con "fuerza" y "determinación".

Respecto a la situación del ministro de Agricultura, Luis Planas, Celaá ha asegurado que el Gobierno mantiene toda la confianza en él y "no tiene cuentas pendientes con la Justicia".

El Gobierno ha analizado también los preparativos para la llegada el próximo domingo al puerto de Valencia del barco Aquarius y otras dos embarcaciones con un total de 629 personas a bordo.

Celaá ha rechazado que el gesto de España haya generado un efecto llamada que provoque un cambio de rutas de la inmigración y ha considerado que se trata de "un aldabonazo" para que Europa tome medidas ante el reto de la inmigración.

Por otra parte, el Gobierno ha avanzado que Sánchez iniciará su ronda de reuniones con los presidentes autonómicos antes del verano y la hará por orden de antigüedad de los estatutos de Autonomía, por lo que la comenzará con el lehendakari, Íñigo Urkullu, y, después el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

A la situación en Cataluña se ha referido Celaá en su comparecencia ante la prensa para asegurar que el Gobierno asiste con "normalidad" y "respeto" al anuncio de la Generalitat de que potenciará su delegación en Bruselas y abrirá otras cinco en otros países, aunque ha avanzado que se hará un seguimiento de su actividad.

También se ha referido a la situación de los dirigentes independentistas encarcelados para explicar que una vez que concluya la instrucción judicial en el Tribunal Supremo se evaluará la situación de quienes han solicitado un traslado de prisión y "se actuará para bien de todos".

La larga lista de nombramientos acordados hoy por el Gobierno incluye la propuesta de María José Segarra como Fiscal General del Estado, a Miguel Ángel Ballesteros como director operativo de Seguridad Nacional y a María Luisa Carcedo como Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil.

Se ha dado luz verde a una serie de secretarios de Estado: Fernando Valenzuela (Exteriores), Manuel Jesús Dolz (Justicia), Ana María Botella (Seguridad), Pedro Saura (Infraestructuras, Transporte y Vivienda), Alejandro Tiana (Educación y Formación Profesional), Yolanda Valdeolivas (Empleo) y Octavio Granado (Seguridad Social).

Además, María Consuelo Rumí será secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Oliver de Turismo, José Antonio Benedicto de Función Pública, Hugo Morán de Medio Ambiente, Ana de la Cueva de Economía y Apoyo a la Empresa, Francisco de Paula de Sociedad de la Información y Agenda Digital, y Ángeles Heras de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación.

Asimismo, se ha nombrado a los nuevos delegados del Gobierno en las comunidades autónomas.