Los vascos tienen mejor sanidad que los canarios. Los valencianos mejores comunicaciones que los extremeños. Los navarros más renta per cápita que los andaluces. Y todos son ciudadanos del mismo Estado. La realidad del sistema autonómico construido en España es que se ha creado una brecha entre los territorios ricos y los pobres, de tal manera que los primeros son cada vez más ricos y los segundos están cada vez mas jeringados. Y todo eso, a pesar de que el Estado se compromete a dar los mismos servicios y con la misma calidad a todos sus ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

La base de nuestra sociedad es el principio de la solidaridad. La gente que gana más tiene que aportar más, a través de los impuestos sobre las rentas del trabajo o del capital. No es un sistema perfecto, pero funciona razonablemente bien. Gracias a ese principio podemos tener una sanidad y una educación para todos, incluso para aquellos que no podrían costeársela. El Estado fiscal es la base del estado del bienestar y si no existe el primero ya te puedes despedir del segundo.

Pero las leyes que obligan a las personas a cumplir con sus impuestos están puestas ahora mismo en tela de juicio por los territorios. Hay comunidades ricas que están hartas de contribuir a los fondos estatales de los que se obtienen recursos para gastar e invertir en los territorios más pobres. El "España nos roba" que manejan algunos independentistas catalanes pone en cuestión ese trasvase de riqueza. Que Cataluña quiera ser un estado independiente es un tema sentimental, pero también tiene que ver con el bolsillo. Los ricos quieren desprenderse del lastre de los más pobres, porque les cuestan un pico.

El nuevo Gobierno socialista se enfrenta a un grave problema. Negociar un nuevo sistema de financiación de las diecisiete autonomías del Estado no puede partir de la base de eximir a los territorios con mayor riqueza del compromiso de la solidaridad. Porque si se quiebra ese principio te cargas el Estado mismo. Pero eso es justo lo que quieren catalanes o vascos. El primer paso de la independencia es la soberanía económica, una puerta falsa por la que sin reformar la Constitución se puede transformar el Estado.

La lepra del egoísmo de los territorios más desarrollados está invadiendo Europa. Los populistas de izquierdas y derechas no sólo quieren cerrar sus fronteras a la miseria que llama a sus puertas con la inmigración, sino que se plantean desgajarse de sus propios conciudadanos pobres. Es lo que pasa con los italianos ricos del norte y los pobres del sur. O con los flamencos y valones belgas. Y es lo que está pasando en España con los independentistas. Es la pasta, estúpidos.

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Es la pasta y la jeta. Mientras al modelo de estado le salen grietas, en Canarias vamos a contrapelo. La previsión de éxito electoral de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas va a reducir la cartera de trabajo disponible para algunos partidos. ¿Y cuál es la solución? Naturalmente, aumentar los puestos de trabajo.

Habían mandado a Madrid una propuesta de reforma electoral para aumentar en diez diputados más los sesenta que ya existen en el Parlamento. Con eso se podrán "compensar" los daños ocasionados por la entrada del partido naranja. Total ¿qué son diez suelditos más?

Pero debe ser que les ha sabido a poco. Han echado cuentas, con el lápiz en la mano, y resulta que hacen falta más sillones. Así que el PSOE, el PP y Nueva Canarias -en Madrid, que está lejos- han decidido proponer que el tope máximo del Parlamento canario suba hasta quince nuevos diputados. Es decir, que se pueda, en su día, llegar a setenta y cinco escaños.

Con los tiempos que corren, con las dificultades que nos comen por las patas, con lo difícil que es pagar cada vez más impuestos... y estos irresponsables en vez de ponerse de acuerdo en reducir el peso de la administración, en vez de aligerar la carga, en vez de pensar en gastar menos y con más austeridad, tienen los bemoles de seguir engordando sus plantillas.

Es una desvergüenza inoportuna. Una medida que demuestra lo poco que cuentan los ciudadanos ante los intereses de los partidos políticos. Y que se propone justo cuando ha salido un nuevo informe sobre la pobreza relativa en las islas, en el que se establece que el 33 por ciento de las familias canarias siguen viviendo al borde de la exclusión social. Pues ya está. Ya se han puesto de acuerdo en algo. Con quince diputados más, problema resuelto. Qué jerola.