Los cabildos de Tenerife y La Palma han advertido este jueves de que muchos ayuntamientos de las islas están "desbordados" por la tramitación de proyectos en suelo rústico a raíz de la entrada en vigor de la Ley del Suelo hace algo menos de un año.
Así lo han expuesto a los periodistas los consejeros de Política Territorial de ambas islas, Miguel Ángel Pérez y Gonzalo Pascual, respectivamente, antes de participar en una reunión de coordinación de las comisiones de Evaluación Ambiental Territorial.
Pérez ha comentado que aunque la Ley del Suelo es "municipalista", hay muchos ayuntamientos que empiezan a "tener problemas" para desarrollar proyectos porque les falta personal y medios técnicos, y deben afrontar muchas "dudas jurídicas".
No obstante, ha comentado que en el caso de Tenerife, el Cabildo no los va a "dejar solos" y ya está ofreciendo asesoramiento técnico y económico, y desde la óptica insular, ha valorado que ya estén en marcha hasta doce proyectos insulares, el más importante el de la montaña de Taco.
En parecidos términos se ha expresado Pascual, quien ha apuntado que tanto esta ley como la de las ''islas verdes'' han provocado un "vuelco normativo" de la legislación sobre el territorio, y aunque a habido "involución" en algunos casos, el balance en general es "positivo".
Ha dicho que ha aumentado la inversión en la isla debido a que antes estaba "imposibilitada" por el ámbito normativo, especialmente en suelo rústico, si bien ha advertido de que los cabildos han perdido su papel de reguladores con los ayuntamientos para adoptar medidas homogéneas, lo que está llevando a sacar adelante algunas ordenanzas provisionales.
Sobre la relación entre las comisiones insulares y la Cotmac, el consejero tinerfeño ha señalado que aunque aún se está empezando, "no existe coordinación" entre ambas, aparte de que el propio Gobierno "está cambiando" e incluso ha llegado a plantear la posibilidad de dividir la Cotmac en dos.
En esa línea, ha comentado que hasta que "no esté claro su papel", no se podrá avanzar demasiado y ya se verá en el futuro si los ayuntamientos, que tienen escaso personal y medios técnicos, quieren encargarse de la evaluación ambiental de los proyectos o se la trasladan al Gobierno o los cabildos, tal y como permite la ley.