El Pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó anoche una moción presentada por el grupo de gobierno por la que insta al alcalde a convocar y celebrar en El Fraile una reunión de la Junta Local de Seguridad, el máximo órgano municipal en esta materia, con participación de la nueva delegada del Gobierno o, en su caso, la persona que ocupe la Subdelegación del Gobierno, para abordar la escasez de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el Sur, donde existen en la actualidad decenas de vacantes con respecto a las necesidades de la comarca.

Al tiempo que el texto insta a la celebración de este encuentro para la búsqueda de soluciones a las demandas vecinales, el Pleno municipal manifiesta su rechazo a "cualquier expresión pública de xenofobia (miedo al extranjero) o aporofobia (miedo a las personas pobres o sin recursos)" y manifiesta su apoyo a "todos los recursos sociales públicos o nacidos de la sociedad civil -como lo son, por ejemplo, tanto el comedor de La Buena Estrella como el albergue recientemente instalado en la zona, ambos de iniciativa privada-, así como a todas las personas que trabajan en ellos para construir una sociedad más justa y paliar los efectos de las desigualdades sociales".

La moción presentada por los grupos Socialista y Ciudadanos por Arona también establece la puesta en marcha de un plan específico, en coordinación con los efectivos de la Policía Local, para combatir el tráfico de drogas y los robos, ambas "situaciones de inseguridad que denuncian y demandan los vecinos del municipio".

Tres de los cinco vecinos que aún permanecen en el edificio El Candil, de la avenida Abona en San Isidro (Granadilla de Abona), iniciaron ayer una huelga de hambre ante la Casa Consistorial granadillera, la cual abandonaron una vez que el gobierno municipal les informó de que el desahucio programado para el próximo día 5 estaba paralizado. Para ello, las autoridades habían mediado ante la entidad bancaria titular del inmueble.

En El Candil vivían 28 vecinos que han ido abandonando el edificio ante la perspectiva del desahucio de un edificio al que accedieron pagando alquiler a una empresa constructora antes de que la edificación, que dispone de los servicios de agua y energía, pasara a manos de una entidad bancaria.

Ayer, Félix Hernández, concejal de IU, anunció que llevará a los juzgados al ayuntamiento si sigue sin empadronar correctamente a vecinos, a pesar de que éstos abonen 4 euros por ello.