Televisión Canaria continuará emitiendo "con toda normalidad" sus contenidos tanto de informativos como de entretenimiento a partir de hoy, una vez vencido ayer el contrato de informativos con Videoreport.

La continuidad de la emisión será posible tras el acuerdo alcanzado el viernes por el administrador único de RTVC, José Carlos Naranjo Sintes, para el arrendamiento de instalaciones y equipamiento con la empresa Videoreport Canarias.

Según informa el ente público en un comunicado, "Naranjo Sintes cumple de esta manera con el doble compromiso adquirido tras ser nombrado por el Parlamento de Canarias de mantener, tanto la señal, como los puestos de trabajo del personal adscrito a los servicios informativos antes de la extinción del contrato en vigor que finalizaba este 30 de junio".

El comunicado añade que dicho personal será subrogado por Televisión Pública de Canarias, una decisión ratificada por el Ejecutivo regional en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado 26 de junio de 2018. Será ahora el Parlamento autonómico el que defina el modelo de gestión de la Televisión Pública. Los grupos de izquierda (PSOE, Podemos y NC) abogan, aunque con matices, por unos servicios informativos públicos, mientras que ASG espera por alcanzar consensos y PP y CC son más reticentes o abiertos a conservar la fórmula con la que surgió el ente, con un concurso y empresa concesionaria del servicio.

Aunque el administrador público pretende subrogar a los 220 trabajadores directos de la productora, quedan unos 90, sobre todo de las islas no capitalinas, que, según recordó el viernes el sindicato CCOO, están en el aire y se exige, al menos desde esta central, que sean también subrogados.

Naranjo ha cumplido, a contrarreloj, los dos objetivos prioritarios para los que fue designado el pasado 18 de junio, vía decreto. No obstante, y con un plazo máximo de 6 meses, el Parlamento pretende designar a un consejo de administración y preparar una nueva ley y un modelo definitivo para RTVC que evite los problemas vividos en los últimos años, que garantice la pluralidad, independencia y calidad de las emisiones y que, sobre todo, aleje los legítimos intereses empresariales privados del debate público.